“El PRI no quiere amnistías para nadie, sino que se cumpla la ley, que las instituciones cumplan con su responsabilidad, que los servidores públicos rindan cuentas, porque eso no puede estar sujeto a la voluntad del Presidente ni de nadie”, afirmó.
Marko Cortés, presidente nacional del PAN, dijo que el perdón a los corruptos que no están siendo procesados es el “pacto de impunidad” de López Obrador con personajes de la clase política, muchos de ellos del sexenio que está por concluir.
“En un acto más de autoritarismo, López Obrador está violentando las instituciones de justicia para ofrecer perdón a aquellos que han cometido delitos y que merecen ser sancionados”, dijo.
El presidente interino del PRD, Ángel Ávila, señaló que el perdón que ofrece el presidente electo a los funcionarios corruptos lo único que generaría es “más impunidad”, sobre todo cuando en el sexenio que está por acabar existen casos claros de corrupción.
El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, confió en que será “sólo una señal política y no una decisión de gobierno” la promesa de López Obrador de perdonar a los corruptos que no tengan iniciados procesos judiciales.
Mencionó que “en principio”, la iniciativa parece hecha sólo entre políticos y para políticos.
Mauricio Merino, investigador del CIDE, aseguró que convertir el combate a la corrupción en una “pesca de peces gordos o en una venganza” es un error, porque eso no resuelve el problema de fondo y lejos de arreglarlo lo que hace es producir una espiral de deseo de venganza inacabable y puede “dar al traste” con estados nacionales democráticos.
Señaló que si de eso habla el presidente electo, “me parece que es una postura que debemos entender y comprender. Pero otra cosa distinta es el perdón, porque eso un acto de Estado, y ahí evidentemente eso no puede suceder en un Estado de derecho, donde se debe aplicar la ley”.
