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La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca presentó una controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior al considerar que representa un grave riesgo para la información de las víctimas de violaciones a sus garantías fundamentales.
Al igual que su homólogo en la Ciudad de México, el organismo acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a demandar la invalidez de la obligación contenida en la ley de los órganos autónomos de entregar información a las Fuerzas Armadas o a la Secretaría de Gobernación en labores de inteligencia para efectos de la Seguridad Interior.
El escrito fue presentado por el consejero de la DDHPO, Bernardo Rodríguez quien afirmó que esta obligación implica un grave riesgo para la seguridad de las víctimas que atiende la Defensoría.
Además, esto impide al organismo a cumplir con su obligación de proteger los datos personales de las personas, lo que incluso implica una invasión de competencias.
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