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De las 32 entidades del país, sólo nueve registran más de la mitad de progreso, y en al menos 20 el plazo para concluirlo es incierto, a pesar de que el 26 de diciembre, López Obrador regañó en público al delegado de Nayarit por el retraso, y el 26 de ese mes conminó a los delegados a acelerar el paso para finalizar los conteos y dio 30 días más de prórroga.
A la pregunta de cuándo deben entregar el registro, los responsables en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas coincidieron en que no existe una fecha límite para concluir con los trabajos.
El censo debe realizarse exclusivamente casa por casa y consta de dos partes: en la primera deben verificarse los domicilios de las personas con apoyos de las extintas Sedesol o Sagarpa, de acuerdo con los padrones que entregaron al nuevo gobierno en la etapa de transición, mientras que en la segunda, se registra a quienes aspiren a ser beneficiarios, explicaron autoridades estatales que pidieron el anonimato.
Algunos voluntarios aseguraron que este ejercicio tiene como base el Censo de Población y Vivienda 2010 del Inegi, en el que se establece el número de domicilios que hay en cada entidad. Sin embargo, en Coahuila y Morelos no hay claridad sobre la base para determinar el número de casas.
Otro tema ambiguo son los recursos utilizados para el censo. Chihuahua, Hidalgo y Tabasco refirieron como fuente de financiamiento el presupuesto de transición, aportaciones de legisladores y partidas operativas de la Secretaría del Bienestar; Chihuahua precisó que se destinaron 2 millones de pesos, en tanto que el resto de entidades dijeron no contar con recursos o no tener esa información.
La implementación del censo ha revelado irregularidades y padecido dificultades. En Jalisco, por ejemplo, las autoridades explicaron que no encuentran en sus domicilios a 67% del padrón registrado por la Sedesol. Mientras que en Chihuahua, los datos del censo Inegi 2010 han quedado rebasados, pues hay colonias que no aparecen.
El clima de violencia ha generado problemas para que los Servidores de la Nación sean recibidos por la ciudadanía, pues en algunas comunidades de Chilapa, Tixtla, Quechultenango, Mochitlán, Zitlala y Ahuacuotizingo, en Guerrero, prefieren que los cuestionarios sean aplicados en espacios públicos e incluso en comisarías ante el temor de ser agredidos.
Ese no es el único motivo para que algunos voluntarios encuesten a la gente en otros espacios. Delegados estatales reconocieron que en algunas ocasiones el cansancio, el no encontrarlos en sus domicilios y el supuesto de querer avanzar, se cae en el error de entrevistar en plazas públicas u oficinas, como ha ocurrido en ciudades de Jalisco, Oaxaca y Tamaulipas.
Ricardo Alexander M., maestro en Administración Pública por la Universidad de Harvard, y Gerson Mecalco, académico de la UNAM, advirtieron que un censo mal elaborado puede dar lugar a información sesgada y un padrón inflado.
“Seguramente este levantamiento no cuenta con una metodología correcta, porque no hay una casa encuestadora o especialista que pueda determinar que la recolección de datos es conforme a una metodología adecuada o que los voluntarios lo estén haciendo bien”, consideró Ricardo Alexander M. Con información de los corresponsales
