Violencia desata éxodo invisible en Guerrero

Provienen de todos lados. De los lugares más opuestos y alejados de Guerrero. Desde llanos hasta sierras selváticas. De zonas frías y cálidas, a más de 2 mil metros de altura o al nivel del mar. Juntos podrían fundar un nuevo municipio, uno creado por quienes se han visto obligados a huir de la violencia en el estado, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi): 12 mil 590, de los 185 mil que hay en todo México.

Los datos para documentar el tema saltan de una cantidad a otra, dependiendo de la oficina. El Inegi maneja 12 mil 590 en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2014, la más reciente en su tipo.

La Dirección General de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos del gobierno de Guerrero registra 528. La Secretaría de Gobierno de Guerrero contabiliza más de 2 mil.

Que 2014 sea el año en que el Inegi levantó su encuesta no es casual. Fue cuando el fenómeno se acentuó para alcanzar su nivel actual. Apenas en enero, 415 habitantes de San Felipe del Ocote, municipio de Apaxtla, huyeron del pueblo y todavía la mitad de las familias se refugia en una estancia habilitada por el DIF municipal. En ese año también, en respuesta a la emergencia, el Congreso estatal promulgó la ley 487 “para prevenir y atender el desplazamiento interno”, así como para brindar atención a 441 familias en éxodo que aparecían en esos momentos en sus registros.

“Una ley que se ha quedado en pura letra”, asegura Manuel Olivares, de la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos y coordinador del Centro Morelos de Derechos Humanos, con sede en Chilapa, una organización no gubernamental que acompaña a familias en su trance de un lugar a otro, de una vida a otra.

Manuel habla en el corredor de tierra roja de una casa en tabicón bruto construida en La Unión, en Ayutla de los Libres, Costa Chica de Guerrero, junto a otras casas que terminaron como una nueva colonia llamada Libertad, formada por desplazados. Niños, ancianos, mujeres y hombres viven ahí desde 2012, cuando huyeron de La Laguna, allá en la sierra de Coyuca de Catalán, en Tierra Caliente, a más de 200 kilómetros de este lugar caluroso y húmedo que no es su tierra.

Un cerdo pequeño y rosa trompea amarrado en uno de los horcones que sostiene el techo de palma que cubre del sol a la mayoría de los jefes de familia, están sentados a su alrededor. Los niños festejan sus gruñidos y corren por un poco de maíz para darle de comer. Atrás, media docena de pollos picotean la tierra encerrados en un cercado de malla.

“Él y otros marranos que tenemos allá abajo los fuimos comprando poco a poco, trabajando de peones de albañil, aunque sea, porque el gobierno no nos dio ni una gallina”, dice Bernardo Díaz Pérez, de 40 años, el mayor de los nueve hermanos asentados con sus mujeres e hijos, además del padre. En total son 18 adultos y 36 niños, muchos en edad de ir a la primaria. Caminan por casi media hora desde aquí hasta el pueblo más cercano: La Unión.

Hablar de cerdos y gallinas no es ocurrencia de los pobladores. Los animales de granja son referencia de las condiciones en las que viven desde que llegaron, huyendo de una matanza en 2011. En supuesta respuesta a la emergencia por la que atravesaba el estado fue que se promulgó la ley 487, de la que Manuel Olivares dice que sólo quedó la letra, puesto que el gobierno del estado se desentendió del problema una vez que las familias salieron.

Sin registro confiable

“El gobierno los está invisibilizando”, afirma Olivares en su oficina, días antes de venir a este pueblo, a más de dos horas de distancia de la capital de Guerrero.

—¿Cuántos desplazados hay en el estado?, ¿hay un registro confiable?

—No. El gobierno no lo tiene y nosotros somos una oficina pequeña. No nos damos abasto para tanto caso.

“Lo que hace el estado es disgregarlos, aquí y allá”, juzga. “Quiere que pasen inadvertidos. Les ofrece dinero para que den por solucionado su problema y de lo que no se dan cuenta es que apenas comienza. A un grupo de personas que llegó de la sierra en 2014 y que estuvo en un campamento aquí en Chilpancingo, le ofreció 30 mil pesos por cada miembro de familia. Los que tenían ocho integrantes hicieron cuentas y vieron que les convenía: 240 mil pesos por todos. Nosotros quisimos intervenir, sólo que cuando llegamos estaba hecho el trato. Quisimos que quedara claro que esas medidas no solucionan un problema que necesita seguimiento y acompañamiento durante un tiempo indeterminado”.

El subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Jorge de los Santos, toma presuroso el control del aire acondicionado y lo enciende. Su oficina es amplia y está casi vacía, apenas un escritorio y un par de banderas: de México y de Guerrero, aunque poco después unos empleados entraron por ellas. Frente a su escritorio sin papeles, apenas con su iPhone, está la mesa de reuniones. Ahí dice que tienen registrados a 528 desplazados. Menciona a los de Apaxtla, por lo ocurrido en enero y a los que están en Ayutla de los Libres. Deja claro que ellos no provienen de hechos registrados en el gobierno actual.

—¿Cuál es el diagnóstico que tienen de este fenómeno?

—Que la violencia es la principal causa de que estas familias salgan de sus pueblos.

—¿Y el origen de esa violencia?

—Pleitos de grupos antagónicos.

Lo dice con el tono del discurso repetido desde todas las esferas de gobierno que, sin más, puede darse por hecho.

—¿Hay desplazados que sean productores de goma de opio, campesinos que cultivaban amapola, o dueños de grandes tierras?

—No, en ningún caso, que sepamos.

—¿Por qué los atacan?

—Muchas de las veces no es que los ataquen a ellos como tal, sino que quedan en medio de la violencia y prefieren salir para no correr más riesgo.

Cuando se le pregunta cómo se les atiende, pone especial énfasis en todo el apoyo que el gobernador Héctor Astudillo Flores ha instruido que se les brinde: “Cuando conocimos de la emergencia [en San Felipe del Ocote, Apaxtla] de inmediato se procedió a sacarlos del pueblo y se les proporcionaron todas las facilidades para una estancia propicia”.

“Ya no vamos a regresar, aunque queramos”

Lo cierto es que las familias que quedan en el albergue están hacinadas y con poca higiene en un lugar improvisado en las instalaciones del DIF de Apaxtla.

Muchos prefirieron irse con parientes que viven en la cabecera o en el municipio vecino de Teloloapan y los que se quedaron fueron a Chilpancingo para pedir que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado (Codehum) les ayude a conseguir un predio donde vivan, porque no quieren estar todo el tiempo “de mendigos” como refugiados en las oficinas municipales.

“No vamos a regresar, aunque queramos, no hay cómo”, dijo en entrevista con reporteros Javier Reyna Delgado, uno de los jefes de familia en representación de los desplazados.

A fines de febrero, cuando fueron a la Codehum, también pidieron que el gobierno los acompañe a San Felipe para traer algunas cosas que dejaron: “Queremos ir unos tres días para sacar, sobre todo, el ganado, recoger algo de cosecha y algunas pertenencias que dejamos en nuestras casas”, dijo Reyna.

Para De los Santos el caso no tiene mayor complicación. El responsable de la seguridad de los desplazados es el ayuntamiento: “Así en todos los casos. Desde que la gente se mueve y se queda en las cabeceras municipales el ayuntamiento se hace cargo”.

—¿Representa esto una crisis de tipo humanitario para el gobierno?

—De ningún modo. Tal vez a nivel nacional sí; en el estado no es una crisis como tal— responde el subsecretario, se levanta y da por terminada la entrevista.