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“Hay autodefensas bastante legítimas y están muy apoyadas por la población. Esto sucede en zonas indígenas como Oaxaca, Chiapas e incluso en Michoacán, donde han contado con bastante credibilidad porque se dedicaban a combatir el crimen organizado y el gobierno no tenía ninguna capacidad para enfrentar a estas bandas”, señaló Raúl Benítez Manaut, integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.
El estudio Modelo Óptimo de la Función Policial reveló que en 2018 la situación más crítica estaba en Michoacán, Veracruz y Morelos, donde había 0.7 policías preventivos estatales por cada mil habitantes; en Guerrero, 0.9; en Tamaulipas, 1.1, y en Tabasco, 1.9.
De estas seis entidades sólo Tabasco superó el estándar nacional mínimo de fuerzas policiales, que fue de 1.9 policías por cada mil habitantes. La Segob detalló que en Veracruz 19% de sus agentes estatales no aprobaron los controles de confianza; en Guerrero fue 16%; en Michoacán, 15%; en Tabasco, 14%; en Tamaulipas, 5%, y en Morelos, 3%.
Para los especialistas la ausencia de evaluaciones internas merma la fortaleza de las instituciones de seguridad, por lo que no pueden realizar sus labores correctamente. Es en este contexto que los ciudadanos se arman y salen a las calles a defenderse por sí mismos.
“En algunos pueblos, por los vacíos que dejó el Estado, las autodefensas se siguen viendo como necesarias. En Oaxaca, por ejemplo, hay especies de servicios sociales comunitarios donde los jóvenes, sin armas, están vigilando la entrada de un pueblo, lo cierran y la gente vive tranquila. Sin embargo, si no hacen eso la delincuencia organizada se les puede meter porque la policía no tiene recursos ni elementos para estarlos cuidando”, aseveró Benítez Manaut.
Pidió que si estas agrupaciones estarán activas, se implemente un mecanismo para regular sus actividades: “El gobierno debe estudiar cada región y determinar cuáles son sus necesidades, sólo así logrará establecer un marco legal y brindar seguridad a todos”.
