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Todavía las autoridades efectuaban el recuento de daños cuando otro poderoso terremoto sacudió el país el 19 de septiembre, solo dos horas y 14 minutos después de que la población realizara un simulacro para conmemorar los 32 años de otro trágico temblor que dejó miles de víctimas mortales en la capital mexicana.
Aunque el sismo fue de magnitud 7.1, frente a los 8.1 de 1985, se sintió con gran fuerza debido a que el epicentro se localizó en los límites de los estados de Puebla y Morelos, a solo 120 kilómetros de la Ciudad de México.
En pocos minutos la capital se cubrió de polvo, en un anuncio de la dimensión de la tragedia. Se derrumbaron 38 edificios en distintas zonas, incluida una escuela con decenas de niños en su interior, y servicios de luz y agua potable quedaron cortados en buena parte de la urbe.
El tráfico se volvió un caos en poco tiempo, miles se dirigieron hacia las escuelas de sus hijos o sus hogares, mientras los vecinos se lanzaron en masa a rescatar sobrevivientes entre ruinas, en una muestra de solidaridad que duró varias semanas, con los jóvenes a la cabeza.
Doce millones de personas resultaron damnificadas por los dos sismos y 250 mil perdieron sus hogares, la mayoría de los cuales viven con familiares o amigos, en el mejor de los casos, o en precarias tiendas de campaña, en el peor, a la espera de recibir las ayudas prometidas para recuperar su patrimonio.
También resultaron afectados 14 mil comercios, 16 mil escuelas y 1 mil 800 edificios de once estados con valor arqueológico, artístico e histórico.
Según Peña Nieto, cuya popularidad mejoró ligeramente -pasó de 16 a 23 % en el cuarto trimestre- por el manejo de la emergencia, la reconstrucción requerirá una inversión de 48.000 millones de pesos (unos 2.500 millones de dólares).
Los terremotos generaron un impacto temporal en la economía, que registró una desaceleración en el tercer trimestre de 2017 al crecer un 1.5 % respecto al mismo periodo del año anterior, después del aumento del 1.9 % a tasa anual reportado en el periodo abril-junio.
Según la Secretaría de Hacienda, el efecto de los desastres naturales ya se desvaneció, por lo que mantuvo su pronóstico de crecimiento en el rango de 2 a 2.6 % para 2017, pese al contexto de volatilidad e incertidumbre elevados por la renegociación del TLCAN y las próximas elecciones presidenciales.
Al contrario, según la mayoría de expertos, la reconstrucción permitirá una recuperación del ritmo de crecimiento en los próximos meses, en los que el país estará inmerso en un proceso electoral que culminará el 1 de julio de 2018 con la renovación de 3.416 cargos.
En ese proceso hay dos temas que pesarán entre los votantes: la rampante corrupción y la fallida estrategia de seguridad en un país que está a punto de cerrar 2017 con la cifra más alta de homicidios en dos décadas, tras sumar 20.878 asesinatos de enero a octubre, cerca del récord de 22.855 homicidios en 2011.
