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Esta información dada a conocer por el organismo coincide hasta cierto punto con la llamada Verdad Histórica que presentó el gobierno, en la que se afirmó que los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas dispersadas en el río San Juan.
González Pérez enfatizó que la verdad que encontró la CNDH muestra “la existencia de una vinculación clara y previa a los hechos de septiembre de 2014 entre algunas autoridades estatales y municipales con miembros del crimen organizado; la cooptación penetración y toma del crimen organizado de algunas instituciones vinculadas a la seguridad y justicia en los tres niveles y órdenes de gobierno”.
Expresó que la desaparición de los normalistas no es un caso aislado, sino un reflejo de la situación que se vive en diversas zonas de la República, puesto que “un crimen de las dimensiones del que se presentó en Iguala, sólo pudo ocurrir por la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno”.
José Trinidad Larrieta Carrasco, titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, explicó que la recomendación se dirigió a 16 dependencias, por los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando fallecieron seis personas, 42 resultaron lesionadas y 43 fueron víctimas de desaparición forzada.
Manifestó que para elaborar la carpeta de investigación de más de un millón de hojas y mil 255 tomos se enfrentaron a los obstáculos y a la falta de cooperación de diversas autoridades, quienes negaron la información o la entregaron incompleta.
El presidente de la CNDH mencionó que la recomendación no pone fin a las indagatorias sobre el caso, pero representa un punto de partida para las nuevas autoridades, a quienes les corresponderá “enderezar y continuar las investigaciones penales del caso”.
