Antes de concluir la gestión de Víctor Rodríguez Padilla al frente de Pemex —hoy detenido por violencia física contra su esposa— la empresa productiva del Estado adjudicó de manera directa un contrato hasta por 4 mil 838 millones 689 mil 280 pesos para el arrendamiento de vehículos especializados en labores de combate al mercado ilícito de hidrocarburos a un consorcio integrado por las compañías Arrendo Serv e Impulsa Tu Ganancia, recientemente denunciado por posibles conflictos de interés, simulación de competencia, entre otros presuntos delitos.
Una denuncia ciudadana interpuesta hace unos días ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno solicita investigar el contrato por presunta ilegalidad en su adjudicación directa, indagar la capacidad técnica y financiera de las empresas contratadas, la identidad de sus beneficiarios finales, posibles conflictos de interés, así como una simulación de competencia y daño patrimonial a Pemex.
En el contrato PMX-2025- 98-347, adjudicado sin licitación pública el 25 de julio de 2025 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028, se detalla que se arrendará a Pemex entre 350 y mil 200 vehículos especializados por ejercicio fiscal para labores de salvaguardia estratégica, seguridad física y combate al mercado ilícito de hidrocarburos, además del mantenimiento y sustitución de las unidades.
La denuncia también fue remitida a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al Órgano Interno de Control de Pemex.
La denuncia presentada el pasado 6 de julio señala que la millonaria contratación fue autorizada durante la administración de Víctor Rodríguez Padilla, y se sustentó en una excepción al procedimiento ordinario de licitación pública prevista en la ley de Pemex, bajo el argumento de que el servicio se encuentra relacionado con actividades de seguridad nacional, seguridad pública y protección de infraestructura estratégica.
Las empresas beneficiadas con dicha adjudicación fueron Arrendo Serv, S.A. de C.V., cuyos accionistas son José Alejandro Reyes Zeind y Kora Naama Conchas Burelo, e Impulsa Tu Ganancia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., de Alberto Pliego Hernández, que participaron en conjunto.
“Al respecto, se tiene conocimiento de que Alberto Pliego Hernández, José Alejandro Reyes Zeind y Kora Naama Conchas Burelo se presentan en diversas dependencias de la administración pública federal para gestionar asuntos relacionados con sus empresas, Arrendo Serv, S.A. de C.V., e Impulsa Tu Ganancia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., manifestando tener una relación de cercanía o amistad con Carlos Alberto Ulloa Pérez, actual director general de Birmex”, se indica.
Se señala que la magnitud económica del contrato, la modalidad excepcional utilizada para su adjudicación y la relevancia estratégica del servicio contratado hacen indispensable que las autoridades competentes verifiquen que el procedimiento se haya desarrollado con estricto apego a los principios de legalidad, transparencia, eficiencia, economía, imparcialidad y honradez que rigen el ejercicio de los recursos públicos.
“De la revisión de diversa documentación corporativa, registros mercantiles y antecedentes empresariales se desprenden elementos que ameritan ser investigados por las autoridades competentes.
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“En particular, se identificó que Impulsa Tu Ganancia habría participado conjuntamente en diversos procedimientos de contratación con Time 2 Lease, S.A. de C.V., empresa cuyos representantes legales, accionistas y cargos societarios coinciden con diversas empresas pertenecientes al grupo empresarial Surman, entre ellas Surman México, S.A. de C.V., Gutiérrez Motors, S.A. de C.V. y Desértica Motors, S.A. de C.V”.
Además, se expone que la documentación consultada refiere que la representante legal de Impulsa Tu Ganancia, Lorena Montserrat Martínez Aguilar, habría ocupado cargos dentro de sociedades relacionadas con Alberto Manuel Mena Palacios, mientras que otros antecedentes corporativos la vinculan profesionalmente con empresas que presuntamente formarían parte del grupo empresarial identificado con la familia Mena Palacios, propietaria de CA Soluciones Financieras, S.A. de C.V. y Continental Automotriz, S.A. de C.V.
“Lo que constituye indicios suficientes para presumir que la estructura corporativa del consorcio adjudicatario podría involucrar beneficiarios finales, personas relacionadas o grupos de interés económico distintos de aquellos que aparecen formalmente en la documentación pública”.
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La denuncia establece que tratándose de un contrato de casi 5 mil millones de pesos, adjudicado de manera directa y financiado con recursos públicos, resulta indispensable esclarecer quiénes ejercen realmente el control de las empresas beneficiadas, si existen relaciones corporativas no reveladas, conflictos de interés, simulación de competencia o cualquier otra circunstancia que pudiera haber incidido en el procedimiento de contratación.
La denuncia solicita a la Secretaría Anticorrupción, al Órgano Interno de Control de Pemex y, en su caso, a la Auditoría Superior de la Federación, que inicien las investigaciones, auditorías y revisiones del contrato verificando la legalidad del procedimiento de adjudicación directa, la debida fundamentación, la razonabilidad económica de la contratación y el cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad, eficiencia, economía y honradez en el ejercicio de los recursos públicos.
También se exhorta a que la Unidad de Inteligencia Financiera, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, investigue la estructura financiera y corporativa de Arrendo Serv e Impulsa Tu Ganancia; y al SAT se le pide que practique las verificaciones fiscales que resulten procedentes respecto de las empresas adjudicatarias y de las personas físicas relacionadas con su administración,
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Se exhorta que se investigue la capacidad técnica, financiera, patrimonial y operativa con la que contaban las empresas adjudicatarias al momento de la contratación, verificando que reunieran las condiciones necesarias para ejecutar un contrato con un monto máximo superior a 4 mil 838 millones de pesos, así como la posible participación de terceros, empresas relacionadas o grupos corporativos en la ejecución del mismo.
La denuncia además solicita que, de acreditarse irregularidades administrativas, fiscales, financieras, patrimoniales o cualquier posible afectación al patrimonio de Pemex o al erario federal, se instauren los procedimientos de responsabilidad que correspondan y se determinen las sanciones y medidas resarcitorias previstas en la legislación aplicable.
También se pide que, en caso de advertirse hechos que pudieran constituir delitos relacionados con hechos de corrupción e irregularidades, se dé vista de inmediato a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción y a la FGR para que ejerzan las acciones legales conducentes.