El conglomerado empresarial de Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar más de 48 mil millones de pesos de impuestos atrasados, después de que la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la primera electa en las urnas tras la reforma judicial, falló en contra de los litigios y amparos promovidos por Grupo Salinas.
En sus redes sociales y en distintos eventos públicos, Salinas Pliego ha manifestado que esto representa un embate del Estado en su contra, por una presunta persecución política e ideológica en contra de quienes “dicen la verdad” en los gobiernos de la autoproclamada Cuarta Transformación.
“No sólo vienen por mí, una vez que yo les permita ganar y callarme, van a ir por ustedes y por todo lo que les resulte incómodo y denuncie el abuso de los gobiernícolas”, ha advertido el empresario desde marzo de este año.
Pero el conflicto Grupo Salinas-gobierno federal no es reciente. Desde el sexenio anterior, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, el empresario expresó su desacuerdo con el Ejecutivo y las acciones de Morena a nivel federal y estatal.
Grupo Salinas compartió en un comunicado del 24 de septiembre que, tras frecuentes menciones en la mañanera, analizaba acciones legales contra la Presidenta de la República por supuestos delitos de difamación y daño moral, en cortes mexicanas y estadounidenses.
Reiteró que se realizaba desde la tribuna presidencial una “embestida autoritaria” y una “persecución política”.
“Mentir cuesta y tiene consecuencias, más aún cuando se trata de una funcionaria pública. Por ello, estamos analizando y evaluando iniciar las demandas y acciones legales pertinentes en México y EU en contra de la titular del Ejecutivo”, indicó.
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El pasado 25 de septiembre, el empresario Salinas Pliego le propuso a la presidenta Claudia Sheinbaum que ambos equipos de trabajo se reunieran en una “mesa de negociación” para encontrar puntos de acuerdo en el pago de impuestos de sus empresas, cubriendo “lo que es justo y corresponde, ni más ni menos, de acuerdo con la ley”.
En redes sociales, señaló que pese a sus “profundos desacuerdos” con la mandataria federal, buscaba fortalecer la confianza que se requiere para que empresarios mexicanos y extranjeros sigan invirtiendo en el país.
En su mensaje, condenó que supuestamente la administración actual, como la de López Obrador, han dedicado “muchísimo” tiempo a calumniarlo en lugar de dedicarse a dar resultados para los que fueron elegidos en las urnas.
Sin embargo, un día después, el 26 de septiembre durante su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo rechazó la propuesta, al considerar que “sentarse en una mesa a negociar los impuestos es de otra época”.
En la mañanera del 27 de octubre, el subsecretario de Derechos Humanos, y exjefe del SAT en el sexenio pasado, Félix Arturo Medina Padilla, desmintió que durante el gobierno de López Obrador se haya llegado a un acuerdo con Grupo Salinas, referente al pago de adeudos al fisco.
“Es falso que la administración pasada se haya llegado a un acuerdo con este grupo en relación a los adeudos que tiene con el fisco desde los años de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Si bien es cierto en varias ocasiones se llevaron a cabo pláticas en una mesa técnica con sus representantes nunca se acordó un monto, ni la ruta de solución”, dijo.
Por su parte, Sheinbaum Pardo agregó el empresario “tiene que pagar” y que si quiere cumplir con sus adeudos, no es necesario realizar mesas de negociación.
Declaró que quiere hacer de esto un tema político: “no es político, es jurídico y de impuestos, no tiene nada que ver con la política, son ellos los que están politizando el tema”.
La noche del martes 11 de noviembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, casinos subsidiarios de TV Azteca de Grupo Salinas, por posible lavado de dinero en efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales.
bet365 y Betano, casas de apuestas en líneas que funcionaban en México bajo los sellos Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, fueron inhabilitadas después de la investigación en contra de los sellos de Grupo Salinas.
De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el modus operandi para lavar dinero consistía en simulación fiscal con uso intensivo de efectivo, transferencias internacionales sin justificación y plataformas digitales fuera del control financiero.
Tras los hechos, Grupo Salinas insistió en que sus empresas cumplen cabal y oportunamente con todos los requerimientos legales y que las acciones de la UIF eran “una nueva muestra del uso faccioso del aparato del Estado” para asediar a su conglomerado empresarial.
“Que no quede duda: seguiremos defendiendo nuestros derechos con la ley y la razón ética y jurídica de nuestro lado. No nos van a callar. No nos van a doblar. Aquí estamos y aquí seguiremos”, señaló en un comunicado publicado en esa misma fecha.
Después de que el Alto Tribunal fallara en contra de Grupo Salinas este jueves 13 de noviembre, la empresa condenó que era un “día negro para la justicia y el Estado de Derecho” en México.
Acusó que la “espuria” Suprema Corte votó en contra de la empresa “sin análisis jurídico alguno, por consigna y mandato” del Gobierno Federal.
“El precedente es grave y con implicaciones más allá de nuestros casos: la Corte ha dejado de defender ciudadanos y empresas, eliminando garantías como el amparo y convalidando cobros dobles abusivos e ilegales, con tal de servir al poder político”, aseguró.
Durante el inicio de operaciones de las Clínicas de Medicina Familiar del ISSSTE en Tecámac, Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo a Salinas Pliego que “mejor pagar sus impuestos en vez de andar pagando campañas en redes sociales”.
Luego del fallo de la Corte contra el empresario Salinas Pliego, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo durante su mañanera de este 14 de noviembre, que toda decisión se realiza conforme al derecho, por lo que descartó que en su administración exista "terrorismo fiscal".
La jefa del Ejecutivo destacó que su gobierno no utiliza mecanismos ilegales para exigir el pago de impuestos, ya que, asegura, "están queriendo decir que desde nuestro gobierno queremos usar el terrorismo fiscal, que el SAT ejerce un esquema fuera de la ley para pedir que se pague".
Agregó que si el empresario paga su deuda de más de 48 mil millones de pesos de impuestos atrasados, “ahí se resuelve el asunto”, de lo contrario, dijo, vendrán una serie de procedimientos que son parte de un proceso jurídico que tiene que cumplirse.
Más tarde, durante el banderazo de inició de las obras del proyecto de Agua para Campeche, la Presidenta reconoció el trabajo de la SCJN diciendo que con este tipo de fallos, el Máximo Tribunal "cumple con las leyes y con la Constitución".