Presupuesto de México será de 10.5 billones de pesos en 2027, prevé morenista Ramírez Cuéllar

El vicecoordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados federal, Alfonso Ramírez Cuéllar, adelantó que el presupuesto para el ejercicio fiscal de 2027 será cercano a los 10.5 billones de pesos y descartó que el aumento en la deuda pública representa un riesgo para las finanzas públicas del país.

En su visita a Oaxaca para sostener una reunión con empresarios, aseguró que estos recursos públicos son suficientes para financiar los programas sociales del gobierno federal, detonar las inversiones contempladas en el “Plan México” como la infraestructura carretera y la construcción de viviendas, y para hacer frente a las obligaciones de pago de la deuda pública nacional.

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) la deuda externa y pública de México registra una tendencia a la alza que supera el 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Mientras en el año 2018 cerró en 19.5 billones de pesos, actualmente es de 19.5 billones de pesos, casi el doble, lo que representa el 51% del PIB.

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El CIEP atribuye este incremento al déficit fiscal, es decir, al incremento del gasto público por encima de la capacidad de recaudación del Estado, al costo financiero de la deuda por el pago de intereses y las fluctuaciones en el tipo de cambio.

Para Ramírez Cuéllar este monto de deuda pública “es manejable porque seguimos manteniendo alrededor del 50% del PIB”.

“Hicimos un esfuerzo porque esta deuda se cambiara de dólares a pesos, de moneda extranjera a moneda nacional. Los plazos de pago se alargaron y tenemos la seguridad y la certeza de que es una deuda manejable”, dijo.

Según el diputado federal, la deuda pública de México se duplicó en los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y en lo que va de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por la volatilidad en los tipos de cambio, las obligaciones y la inestabilidad en los mercados internacionales.

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“Nos llevaron a este monto, pero es una deuda manejable. Nunca se había tenido los plazos tan largos y nunca se había tenido la mayor parte de la deuda en moneda nacional. Entonces, estamos tranquilos, no hay ningún problema”, sostuvo.

Ramírez Cuéllar también se pronunció sobre los señalamientos que vinculan a políticos de su partido Morena con el crimen organizado o al narcotráfico. Ante esto, respondió que se deben presentar las evidencias de estas acusaciones, porque “es difícil poder integrar carpetas de investigación o iniciar procesos judiciales a partir de publicaciones”.

“Entonces, cada uno de los señalamientos sí la verdad es que debería de ir acompañada de evidencias, de pruebas para que tanto las fiscalías como las propias instituciones del poder judicial inicien todos los procedimientos que se requieren. La presidenta de la República ha sido categórica, independientemente de la persona, del partido en el que milita, de los puestos que ocupa, todo el que la hace la debe de pagar”, agregó.

El político de Morena, adelantó que en septiembre de este año presentarán un paquete de reformas legales y constitucionales en materia de anticorrupción y de lucha contra la impunidad.

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“Este va a ser el rasgo distintivo. Estos van a ser dos pilares fundamentales sobre los cuales vamos a trabajar en este último periodo: finanzas sanas, sostenibles para financiar inversiones en infraestructura y garantizar los programas de bienestar social.

“Es un pilar muy importante el que hablaremos al rato con los inversionistas y el otro es una certeza de que vamos a ir a fondo, caiga quien caiga, en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad y de esto se va a encargar el Congreso”.

Finalmente, Ramírez Cuéllar negó que haya división en el partido Morena frente al próximo proceso electoral que arranca en septiembre, pese a sus múltiples referencias a la unidad de partido. Y consideró como esencial mantener la alianza con los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) con el objetivo de continuar con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, y así, continuar con la realización de reformas constitucionales.