La información se obtuvo tras una búsqueda en más de cuatro millones de correos electrónicos de la Sedena que fueron otorgados a EL UNIVERSAL por el grupo de hacktivistas autodenominados Guacamaya, que lograron penetrar al sistema de información de la Sedena y filtrar masivamente los correos electrónicos de la institución, así como de otras Fuerzas Armadas latinoamericanas como las de Chile, El Salvador, Perú y Colombia.
De acuerdo con la información revisada, la nueva aerolínea pública podría tener un costo operativo y administrativo anual de entre mil y mil 800 millones de pesos. El costo dependerá del modelo de aeronaves que se elija, las cuales podrían ser del tipo Airbus A320, Boeing 737 o ATR-72.
En su análisis, la Sedena descartó el uso comercial del avión presidencial y propone un uso militar que consistiría en vuelos de ayuda humanitaria, viajes de estudios nacionales y al extranjero, traslados de misiones consulares y diplomáticas, así como transporte de delegaciones deportivas, entre otros.
La operadora tendrá a su cargo los parques nacionales La Plancha y del Jaguar, y los museos del Mamut y Subacuático de Tulum. Se detalla que la dirección general de la empresa y cada área que la integren deberán tener a un militar en puestos directivos. El resto del personal serán militares retirados o civiles.
“Para administrar la empresa se propone que cada una de sus unidades esté a cargo de un administrador militar, quien será el responsable del control, operación y contabilidad”, señala.
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