Subejerció Seguro Popular de Oaxaca recursos por más de 57 mdp

En abril de 2016, de acuerdo con la SCTG, se encontraron saldos en seis cuentas bancarias de los cuales no se presentaron evidencias de compromisos formales de pago

Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Estatal 06/12/2017 11:46 Juan Carlos Zavala Oaxaca de Juárez, Oaxaca Actualizada 12:20

El Seguro Popular en Oaxaca registró un subejercicio millonario en el año 2015, es decir, recursos que no fueron aplicados en el sector salud y para cual fueron asignados al estado, de acuerdo con información de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG).

Los recursos que tuvieron que reintegrarse a la Tesorería de la Federación fueron detectados en abril de 2016, según la dependencia estatal, en seis cuentas de tres instituciones bancarias que ascendieron a un total de 57 millones 195 mil 308.63 pesos.

En la cuenta 3776 de BBVA Bancomer se encontró un saldo de 374 mil 310.29 pesos; en las cuentas 4049, 4269, 7486, y 3942 de HSBC se encontraron cantidades de 108 mil 134.09 pesos, 44 millones 136 mil 291.02 pesos, 11 millones 967 mil 297.92 pesos y 538 mil 712.42 pesos; mientras que en la cuenta 6913 de Banamex se detectó un saldo de 70 mil 562.89 pesos.

Según la SCTG, de estos recursos no se presentaron evidencias documentales que acreditaran compromisos formales de pago.

Además, dentro de los saldos en las tres cuentas bancarias se detectaron rendimientos de un millón 182 mil 30.62 pesos que tampoco fueron ejercidos, y los cuales se generaron desde el 30 de enero de 2015 hasta el 25 de abril de 2016.

Para la SCTG, este subejercicio en el manejo de los recursos públicos reveló la falta o deficiente documentación justificativa y comprobatoria del gasto, deficiencias en la supervisión y control de los procesos de pago y transferencia de los recursos federales.

Así como, falta de transparencia en la administración, aplicación y ejercicio del programa del Seguro Popular, y por tanto ocasionó el reintegro de los recursos a la Tesorería de la Federación y el inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de servidores públicos.

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