“La extensión geográfica que no consiguió Simón Bolívar la ha obtenido Odebrecht”. Esta frase lapidaria se escucha hace semanas en los extendidos ámbitos de América Latina. Desde las cumbres andinas, las islas caribeñas y hasta nuestro país, son pocas las naciones donde el gigante brasileño de la construcción no haya comprado a los dirigentes políticos. La referencia a don Simón es obvia porque sus hazañas no llegaron ni a la Nueva España ni al Imperio del Brasil, que son hoy precisamente los focos purulentos de esa incisiva corrupción y, por lo mismo, las fuentes del poder real de sus gobiernos.

Ha quedado al descubierto la putrefacción de las clases dirigentes de la región que durante más de una década han recibido coimas millonarias de esa empresa para financiar campañas electorales y seguir sirviendo a la red de intereses predominante. Desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos destapó la cloaca, un sinnúmero de ex mandatarios, presidentes, vicepresidentes, ministros y congresistas latinoamericanos están siendo investigados por la justicia de sus respectivos países. En Perú y en el Ecuador se han desatado crisis políticas de grandes dimensiones. México es la excepción, ya que el único funcionario destituido es, paradójicamente, el fiscal que indagaba los hechos. El mandato del Presidente de México debiera ser puesto en suspenso, mediante un juicio político que procede en el caso por la comisión de delitos graves del orden común. Estos están documentados por la recepción de cuatro millones de dólares para su campaña presidencial y seis durante su administración.

El 20 de diciembre pasado, The New York Times publicó la investigación realizada por Azam Ahmed y Jesús Esquivel, bajo el titulo “El arresto de un aliado de Peña Nieto profundiza la investigación sobre corrupción”. Destacó la captura del ex director del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y amigo de su actual candidato José Antonio M-e-a-d-e; un tal Alejandro Gutiérrez a quien se acusa de malversación de recursos públicos para impulsar las campañas de su partido. Los mandatarios involucrados forman el elenco grotesco del “Nuevo PRI”: los Duarte, Medina, Yarrington y Borge. Como ha probado Eduardo Huchim, con riguroso fundamento en artículos legales y constitucionales, estos desacatos serían suficientes para que el INE cancelara el registro del PRI. La autoridad electoral debiera actuar con legalidad, autonomía y valentía política. Lo menos que puede exigírsele durante un año tan convulso en el que la paz de la República dependerá en medida importante de la determinación de los árbitros de la contienda.

Los ejemplos de transgresión a la ley son incontables. Fue así, no lo olvidemos, como se concretaron las falsas victorias en las elecciones del Estado de México y Coahuila. Los excesos cometidos por el gobierno federal y su partido no tuvieron parangón. Ambos comicios debieron haberse anulado. El diseño de los órganos electorales no puede ser modificado en este periodo, pero sí debemos obligarlos al cumplimiento de su deber. Un grupo relevante de expertos, dirigentes sociales y personalidades cívicas está preparando un documento que contiene exigencias mínimas para el proceso electoral de este año y que presentará públicamente a los organismos responsables de organizar, fiscalizar y juzgar el proceso.

Es menester adelantar soluciones ante escenarios de descomposición institucional. Vendrá la hora de modificar las actuales normas a efecto de establecer la prohibición absoluta del empleo de dinero privado, legal o ilegal, en los procesos electorales y de instaurar, como lo hicimos en la Constitución de la Ciudad de México, la práctica de la democracia directa, participativa y comunitaria con el propósito de contrapesar las abrumadoras tendencias oligárquicas del sistema político mexicano. Lo que ahora está a nuestro alcance es la movilización social: la conformación de un observatorio electoral en el que todos participemos y nos hagamos escuchar. Hay que cerrar el paso a los apetitos de golpe de Estado impuesto desde la compra impune del voto y resguardado por las facultades que el Ejército asumirá, por virtud de la Ley de Seguridad Interior, en la vida civil de los mexicanos. Ésa es la verdadera amenaza.

Comisionado para la reforma política de la Ciudad de México