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En México los servicios públicos que se ofrecen en varias regiones del país, como el transporte o el abasto de agua, por ejemplo, usualmente son deficientes y no satisfacen completamente las necesidades de la ciudadanía.

Respecto a los servicios de salud, aunque las autoridades han tratado de mejorarlos, para la gran mayoría de la población aún equivalen a largas filas, horas de espera y un trato poco amigable. Es claro que esta situación ha sido uno de los factores que contribuyeron a que los consultorios adyacentes a farmacias hayan tenido un auge en los últimos años. Otro factor, quizá el principal, fue la prohibición de la venta libre de antibióticos; para contrarrestar una baja en la venta de estos medicamentos, la solución de muchas farmacias fue contar con un médico que pudiera expedir la receta.

Datos que presenta hoy EL UNIVERSAL señalan que hace 10 años había 2 mil 956 consultorios de este tipo, pero a la fecha hay 16 mil en toda la República. Estos establecimientos atienden a 325 mil mexicanos diariamente, más de los que acuden al ISSSTE o a las clínicas del Seguro Popular todos los días.

Su crecimiento obedece sencillamente al deterioro que vivieron los servicios de salud públicos en los últimos años. La gente prefiere ir a esos consultorios, que usualmente les queda a unas calles de su domicilio, y pagar entre 20 o 50 pesos —en algunos el servicio es gratuito—, en lugar de desplazarse a la clínica de seguridad social que le corresponda y perder horas en el traslado y en recibir atención.

Sin embargo, esa clase de oferta médica entraña un riesgo. La contención de enfermedades en los consultorios contiguos a farmacias puede inhibir la detección de males crónicos, degenerativos o de alta complejidad que muy probablemente terminarán siendo atendidos en el sistema público de salud cuando se encuentren en situación avanzada.

Los consultorios adyacentes han venido a llenar un inmenso vacío generado por los servicios de salud, aunque no deben ser un reemplazo. La autoridad ha exigido normas mínimas para su operación y así debe continuar, pero al mismo tiempo se requiere que los hospitales públicos —y todos los servicios públicos— se encuentren a la altura de las demandas ciudadanas. Con voluntad, la calidad y eficiencia pueden ser posibles.