Transportistas, anarquía solapada por la ley en Oaxaca

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Rosendo, de 49 años, conducía el taxi número 4027 del sitio Tuxtepec cuando fue interceptado por miembros del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal de esa población de la región de la Cuenca del Papaloapan, una de las más violentas del estado.

Tras una revisión de rutina se le encontró un revólver 38 especial con seis cartuchos útiles, por lo que fue detenido el pasado 13 de mayo de 2018. Un día después, en San Andrés Huayápam, las fuerzas de seguridad también aprehendieron por portación de armas de fuego a otro taxista de un sitio  de Santa Cruz Xoxocotlán.

Aunque la Ley del Transporte de Oaxaca señala como una de las causales para revocar una concesión para el servicio público de transporte es “la comisión dolosa de algún delito por parte del concesionario o permisionario”, desde 2016 la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra) sólo mantiene abiertas seis carpetas de investigación contra concesionarios.

A la fecha, a ninguno se le ha revocado la concesión  por esta causal, ni por ninguna de las otras establecidas en la ley, como: prestar un servicio distinto al concesionado, prestar el servicio sin contar con póliza de seguro vigente para proteger y asegurar la vida de usuarios, del conductor y de terceros, o  proporcionar documentos  y datos a la secretaría, entre otras.

Esta situación de “anarquía” ha propiciado enfrentamientos violentos entre transportistas aglutinados en diferentes organizaciones políticas adheridas a partidos políticos, como el Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), por la invasión de rutas, circulación de unidades “piratas” y por la pugna de la plaza o zona donde se presta el servicio; choques, en los que incluso se han registrado muertos.

El más reciente ocurrido el 15 de mayo de 2017 entre transportistas de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), asociada al PRI, y el Sindicato Libertad, ligada al mismo partido. El saldo fue una persona muerta, tres personas heridas y cinco unidades de taxi dañadas.

Fiscalía, la responsable

Según el área jurídica de la Sevitra, la investigación sobre la probable comisión de un delito corresponde a la Fiscalía General del Estado, y de comprobarse la responsabilidad se reiniciaría el trámite o procedimiento para revocar  la concesión. Eso no ha sucedido.

Además de las seis carpetas de investigación, entre 2016 y 2018 la Sevitra inició 58 trámites ordinarios para revocación de concesiones, los cuales  le compete a esta dependencia resolver. También tiene en curso  unos 18 procedimientos administrativos por violaciones a la legislación en materia, como cargar gasolina con pasaje abordo, prestar el servicio sin contar con concesión o hacerlo con clonación de la concesión.

“La sanción es económica o incluso puede ser la suspensión de la licencia de conducir de los conductores o, en su caso, puede iniciar un procedimiento de revocación de la concesión”, afirma José Carlos Cervantes Azcona, subsecretario de Regulación y Control de Transporte de la Sevitra. No obstante, el funcionario acepta que en el caso del transporte público concesionado, un común denominador en administraciones pasadas fue la impunidad y esto, una de las causas de que se tenga un “servicio anárquico”.

“En administraciones pasadas se dejó de hacer algo y fue la regulación del transporte. Lo estamos retomando, estamos en una campaña permanente contra la ilegalidad”, sostiene Cervantes Azcona.

Extinción de dominio

Resultado de esta campaña, detalla, se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado alrededor de 60 vehículos que prestan el servicio de manera ilegal, es decir, que no contaban con concesión,  lo cual está penado en el artículo 240 Bis del Código Penal de Oaxaca. También se han detenido aproximadamente 350 vehículos por violaciones a la ley de transporte.

Además, por primera vez, la Sevitra inició procedimientos de extinción de dominio —en el caso de los 60 vehículos puestos a disposición de la fiscalía— para que pasen a ser propiedad del Estado por circular con la cromática de un taxi y no tener concesión.

“Habrá un litigio. No llevamos ninguno hasta el momento, pero ya iniciamos los procedimientos y tenemos que dar la batalla legal para que se haga efectiva la extinción de dominio que prevé la ley de transporte”, afirma. 

Pero la decisión de iniciar con estos operativos propiciaron la reacción de las organizaciones que aglutinan a transportistas, la cual, hasta el momento,   se ha logrado contener.

“Les dijimos que veníamos a poner orden y estamos poniendo orden, que no vengan a solicitar que acepté algo ilegal, he sido muy claro con ellos cuando han venido”, asegura Cervantes Azcona.