Defensores agraviados, sin respaldo de la justicia en Oaxaca
Desde 2017 van 10 crímenes; aumentaron ataques por parte de autoridades, acusan
La última vez que vieron con vida a Abraham Hernández González fue a las 11:30 de la mañana del 17 de julio, cuando un grupo de hombres con vestimenta militar lo arrancó de su casa en la Costa de Oaxaca. Horas después, el cuerpo del dirigente regional del Comité de Defensa de Derechos Indígenas (Codedi) apareció con al menos dos disparos.
Por casos como éste, organismos civiles consideran que la entidad atraviesa por un “periodo negro” en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos, así lo documenta el informe “Bajo ataque los derechos humanos en Oaxaca”, el cual revela que en los15 meses que van de enero de 2017 a marzo de 2018 se contabiliza un centenar de agresiones contra defensores.
Durante este periodo, afirma, al menos nueve de ellos fueron asesinados. Seis de los nueve homicidios ocurrieron en 2017, uno de ellos mientras la víctima estaba bajo resguardo del Estado, en una cárcel municipal; mientras que tres de ellos estaban bajo protección del gobierno estatal vía medidas cautelares.
Ataques, sistemáticos e impunes
Para el Comité de Defensa Integral de los Derechos Humanos Gobixha, el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Espiral por la Vida y Servicios para una Educación Alternativa, responsables del informe, las agresiones muestran relación con la puesta en marcha de las reformas estructurales del gobierno federal.
Explica que entre 2012 y 2017, los ataques contra defensores se relacionaron con las reformas energética, educativa, la ley minera y la de telecomunicaciones, así como a la oposición a megaproyectos. “Ello se hace más evidente cuando se observan los espacios de acción de las y los defensores bajo ataque: oposición a la reforma educativa en 2016 y defensa del territorio en 2017”, sostiene.
A ello se agrega la impunidad, pues reportan que de 2013 a la fecha “ha sido sistemática la negativa del Estado para investigar y sancionar a los agresores”.
Los números le dan la razón, debido a que según cifras de la Fiscalía General del Estado, sólo se investigan 46 agravios a defensores de derechos humanos cometidos entre 2015 y 2017, de los cuales sólo tres fueron judicializados, y sólo en un caso existe una orden de aprehensión, de la que no se desconoce si fue ejecutada.
Recientemente, desde la fiscalía se ha comenzado a notificar la reserva o el archivo, que implica la no judicialización de los casos.
Mientras que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) suma 83 expedientes de quejas relacionados con agravios a defensores entre 2015 y 2017; sin embargo, a la fecha no existe una sola recomendación, es decir, en ninguno de los casos ha determinado que existió alguna violación a los derechos humanos.
