El discurso del presidente electo, así como de quienes integrarán su gabinete y de los legisladores de su partido, enfatiza una y otra vez que el país está en las puertas de una transformación (la cuarta, luego de la Independencia, la Reforma y la Revolución) para terminar con una forma de hacer política y de gobernar que causaron un hartazgo en la ciudadanía.

Uno de los puntos principales prometidos es el fin al despilfarro y a las prestaciones de lujo para la alta burocracia en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En su lugar, afirman, prevalecerá una austeridad republicana.

Once días después de haberse conformado el Congreso, la idea comienza a materializarse. La fracción de Morena presentó una iniciativa con la cual nadie podría estar en desacuerdo, pues plantea “limitar la opulencia en el ejercicio del gasto público para dar lugar a la austeridad y racionalidad, priorizando el bienestar colectivo”.

Proponen varias acciones, entre otras, eliminar escoltas y vehículos blindados para todos los servidores públicos, con excepción de aquellos en áreas de seguridad, defensa y procuración de justicia; se plantea también limitar los viajes oficiales y prohibir la compra de boletos en servicios de primera clase o equivalente. Además se menciona la eliminación de pensiones para ex presidentes, así como los seguros de gastos médicos mayores.

Al mismo tiempo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación prevé para el año próximo una reducción de 850 millones de pesos en su presupuesto anual como consecuencia de una reducción en gastos protocolarios, congresos, convenciones; racionalización de viáticos y pasajes, de actividades culturales y de una disminución en la compra de vehículos.

Las medidas en los poderes Legislativo y Judicial deberían ser apenas el principio de una política que vaya más a fondo en el correcto ejercicio del gasto público, pues siempre habrá la posibilidad de hacerse mayores esfuerzos de ahorro. Aún falta, por ejemplo, la disposición de que ningún funcionario gane más que el presidente de la República.

Sin embargo, podrán anunciarse ahorros, pero no llegarán a buen puerto si no van acompañados de transparencia. Los objetivos en el papel pueden ser unos y en la práctica otros.

La austeridad no son los retos para llevar a la oficina el café y la comida desde casa (#tupperchallenge, #termochallenge) sino acciones planeadas y establecidas en la ley que terminen con la perniciosa costumbre de cargar gastos personales al erario.

Sólo con rendición de cuentas la sociedad podrá conocer si el compromiso con la austeridad va en serio.