Cuando los problemas no se atienden a tiempo llegan a tal magnitud que se vuelven difíciles de controlar y casi imposibles de desaparecer.

En esa situación se encuentra en estos momentos el robo de combustible. Las cifras sobre el delito imponen récord todos los días. Desde 2004 no ha habido descensos, únicamente incrementos, pero en lo que va del actual sexenio los casos han llegado a niveles que si alguien los hubiera pronosticado a principios de sexenio nadie los habría creído.

El número de tomas clandestinas detectadas en el sexenio de Vicente Fox fue de 890, en el gobierno de Felipe Calderón se multiplicó por cinco para llegar a 4 mil 865; hasta julio de este año el total acumulado en la administración de Enrique Peña Nieto es de 37 mil 477, cuarenta veces mayor que lo registrado en el periodo de Fox.

Por mucho tiempo se mencionó que el ilícito estaba concentrado en el “Triángulo Rojo” que formaban los municipios poblanos de Acajete, Tepeaca, Quecholac, Acatzingo, Tecamachalco y Palmar de Bravo, ahora el mayor número de casos se concentra en Tamaulipas, Guanajuato, Estado de México y Veracruz, sin embargo hay registros de robo de combustible en más de una veintena de estados.

Luego de los enfrentamientos entre civiles armados y militares hace 18 meses en Puebla, con saldo de 10 muertos entre ellos 4 soldados, era de suponer que el delito iría a la baja, pues se anunció el inicio de una acción conjunta del gabinete de seguridad para ir “por toda la red de empresarios gasolineros en el país que compran combustible robado y lo comercializan”. Los hechos indican que no se logró el objetivo.

Petróleos Mexicanos señala que ha incrementado su técnica para detectar tomas clandestinas y repararlas “mucho más rápido que antes”, pero también reconoce que la capacidad de los grupos criminales para ordeñar tomas fue mayor a la habilidad de sus trabajadores para cerrarlas.

Además de los riesgos y tragedias que se han suscitado por la “ordeña” de ductos, los costos económicos para el país son bastante elevados. Pemex estima que el costo de lo robado supera los 30 mil millones de pesos anuales; 20 mil millones es el costo del combustible y el resto por reparación de daños ambientales y sociales.

Tal persistencia y magnitud del ilícito solo se entiende con el contubernio entre empresarios, algunas autoridades —principalmente municipales— y las bandas delictivas.

Son varias las instancias a las que alcanza a tocar el delito, así que mientras no haya compromiso total de cada una no podrá ser erradicado. ¿Se llegó a un tope? ¿o por el contrario se recrudecerá el delito? La triste realidad es que parece que nadie puede responder esas preguntas.