Las nuevas acciones que toma Petróleos Mexicanos contra el robo de combustible parecen evidencia de una acción desesperada. En esta ocasión la empresa petrolera está dotando con armas y adiestrando al personal de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica en prácticas de tiro y técnicas de protección y reacción para repeler agresiones armadas y uso racional de la fuerza en el combate a la perforación ilegal de ductos.

Los primeros reportes de ordeña de combustible datan de hace más de una década. Expertos han señalado que el fenómeno se intensificó como consecuencia del combate al narcotráfico. Los cárteles encontraron en esa práctica otra forma de ingresos.

Hace más de un año EL UNIVERSAL dio cuenta de que la empresa estatal erogó en una década más de 28 mil millones de pesos para poner en operación al menos 15 programas de seguridad. Entre ellos, el uso de drones, aviones y lanchas no tripuladas, vehículos tácticos de reacción rápida, radares Sentinel, un sistema de monitoreo de ductos (SCADA), la construcción de un centro de inteligencia en la ex Refinería 18 de Marzo, actualización de las plataformas informáticas y la adquisición de unidades de puesto de mando móviles, así como la construcción de guarniciones militares.

De poco han valido. A pesar de anuncios y acciones para tratar de erradicar el problema, el llamado huachicoleo impone cada vez cifras récord. De acuerdo con reportes de Pemex, entre enero y agosto de este año se han registrado 10 mil 101 perforaciones, 3 mil 367 más de las documentadas en el mismo periodo de 2017.

A los inútiles miles de millones de pesos invertidos por Pemex para contrarrestar el problema se suman las estrategias federales que se han dado a conocer en distintas ocasiones sin que hayan hecho mella en el monstruo del huachicol.

Petróleos Mexicanos no tendría por qué destinar tiempo y recursos para armar y adiestrar a su personal. No parece coherente que luego de más de una decena de programas contra la ordeña ilegal tenga que recurrir a acciones de corte policiaco. Todo lo anterior es un signo de que algunas autoridades no están haciendo su trabajo y que el Estado ha sido rebasado por la situación.

Mientras no haya acciones conjuntas en diferentes ámbitos (investigación a gasolineros, a empleados de Pemex, apoyo de corporaciones estatales para vigilar instalaciones) el patrimonio nacional seguirá filtrándose por los ductos.