Unión Hidalgo, una lucha por el derecho a decidir
Es la única comunidad indígena de Oaxaca con medidas cautelares por megaproyectos
Sentada detrás de un escritorio en la oficina de la Delegación de Jubilados D-4-I, la maestra Rosario Cuevas Castellanos, de 53 años, no duda en asegurar que en Unión Hidalgo el beneficio del parque eólico Piedra Larga, que instaló en sus dos polígonos 152 aerogeneradores, no se ve por ningún lado.
Rosario no se equivoca. Para llegar a Unión Hidalgo se atraviesan 24 kilómetros de una carretera agujerada. Los más de 13 mil habitantes no tienen hospital ni universidad y su palacio municipal está en ruinas, destruido por un terremoto.
Ante la llegada de este proyecto eólico de Demex, una filial de la empresa española Renovalia Energy, Rosario se unió a la lucha por la consulta libre e informada y a la defensa del territorio que emprendieron los comuneros de la población contra la desarrolladora, los tres niveles de gobierno y los pequeños propietarios que rentaron sus tierras.
Nieta de un comunero, Rosario buscaba que esta consulta se realizara según el protocolo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), finalmente la instalación del único parque eólico en operación se realizó sin el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad.
El proyecto Piedra Larga, que se instaló en 2011 y con los 333.02 gigavatios por hora de energía que genera beneficio a 28 empresas, museos y bancos, incluídos Nacional Financiera, Bimbo, Barcel, Ricolino, Marínela, y las fábricas de galletas La Moderna y Lara.
Rosario no tiene idea de la cantidad de empresas que se benefician de la electricidad de las eólicas, pero sí tiene identificado a pequeños propietarios que se enriquecieron con las empresas. En contraste, ella y el resto de la población recibe puntual el recibo de luz, ni siquiera tras el terremoto les condonaron el pago.
Ante esos desequilibrios, la activista insiste en la necesidad de organización ciudadana, por eso ella y 10 mujeres de la población crearon el colectivo Mujeres Indígenas en Defensa de la Vida que concientiza a los habitantes sobre los daños ambientales de las eólicas, de los contratos ventajosos para las empresas, sobre la necesidad de las consultas y la defensa del territorio común.
Años de lucha
Unión Hidalgo es un anexo del núcleo agrario de Juchitán, según la Resolución Presidencial sobre reconocimiento y titulación de bienes comunales; por tanto, la condición legal de las tierras es de tipo agrario.
Es por ello que para los representantes de bienes comunales, el incremento de parques eólicos se traduce en más violaciones a sus derechos humanos, en particular a la libre determinación, al desarrollo y al consentimiento libre, previo e informado.
Con esa convicción y tras años de lucha, Rosario y los comuneros lograron que para el segundo proyecto Central Eólica “Gunaa Sicarú” a cargo de una filial de Electicite de France ( EDF) se respetara su derecho a la consulta, la cual comenzó en abril del 2018, se suspendió en dos ocasiones y se retomó el 23 de marzo del 2019.
Tras las amenazas y hostigamiento que recibieron Rosario y toda la población por esos años de lucha, Unión Hidalgo es la única comunidad indígena de Oaxaca que posee medidas cautelares comunitarias.
