Foros del INPI para reforma constitucional “adolecen de serios problemas”: Código DH

La organización Código DH descalificó los foros de consulta realizados el pasado 19 de julio por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para la reforma al artículo segundo constitucional.

De acuerdo con esta asociación civil, la metodología planteada no corresponde con las fases de la consulta y la fase informativa sigue adoleciendo de serios problemas, en especial si aplicamos los criterios de previa, buena fe y culturalmente adecuada. 

Aunque con algunos días de anticipación hubo en línea información sobre la consulta, convocatoria, principios y criterios; solo se dio difusión a la convocatoria, el documento de principios y criterios fue entregado en copias a las personas asistentes en las diversas sedes lo que causó malestar por la falta de tiempo para revisar, comentar y traer propuestas, como estipula la convocatoria. “Con ello se concentraron tres fases en un día: informativa, deliberativa y consultiva”, critica.

El INPI puso en marcha el proceso de consulta para la Reforma al Artículo 2º Constitucional que contiene los derechos reconocidos a los pueblos y comunidades indígenas en México, en el que se propuso una agenda que incluye 16 temas, 51 sedes en el país, 10 de ellas en Oaxaca, así como un protocolo y unos principios para guiar el proceso.

La consulta gira en torno a tres aspectos que nos parece importante mencionar: 1) Cumplimiento de los protocolos y la participación de las comunidades en los foros; 2) La entrega de recursos federales y aprobación de proyectos en las comunidades que se empata con los foros de consulta y se contradice con la nombrada separación del poder político del poder económico que promociona el presidente de la república y 3) la necesidad y trascendencia de una reforma sobre el reconocimiento de los derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Tuvo dos sedes el pasado 19 de julio, en Santiago Jamiltepec y Tlalixtac de Cabrera. Código DH dijo que tras revisar estas actividades así como del monitoreo del INPI en el Istmo de Tehuantepec, se constató la participación de distintos actores de las comunidades, entre representantes de autoridades municipales, organizaciones de la sociedad civil, colectivos y ciudadanos, pero también algunos problemas para el impulso del proceso.

El organismo civil criticó, por ejemplo, que en la sede de Jamiltepec (región Mixteca-Costa), se vieron reducidos a un programa cultural, dos horas de discusión donde se repartieron 16 temas en seis mesas; con asistentes desinformados acerca de los temas a discutir, porque una reforma de tal magnitud, debió cubrir como señala la convocatoria, la realización de los Foros Regionales de Consulta previos. 

“Sigue siendo fundamental hacer llegar a las comunidades los temas enunciados en el foro, para que los pueblos, las comunidades y personas interesadas tengan puntos de partida para el análisis y reflexión en el proceso de consulta, y no solo hacer llegar la convocatoria a las comunidades con pequeñas reuniones para cubrir lo establecido, como constatamos en el Istmo de Tehuantepec, donde además se acaba de realizar la “consulta” sobre el proyecto multimodal en días fines de semana”.

Por ello, aseguró, en las mesas de discusión se pudo vislumbrar la falta de información de los asistentes sobre los temas a discutir.

En el caso de Tlalixtac, afirmó que la presencia fue poca en relación a la densidad poblacional y la presencia de pueblos y comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca, hubo mesas con muy poca participación como la mesa cinco de patrimonio cultural con solo ocho personas y en la mesa uno donde una parte importante de la discusión se concentró en la relación entre cabeceras y agencias municipales. 

“Sin duda, una de las mesas más complicadas era la de Tierra y Territorio, donde organizaciones y municipios buscan detener los proyectos mineros en marcha, resolver los problemas agrarios, acceso al agua. Más que propuestas se escucharon preocupaciones y demandas de solución al gobierno federal”.

Código DH señaló que la trascendencia de una reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas no es cosa menor ni una dádiva política para los pueblos originarios; se trata de justicia, de saldar una gran deuda histórica, que el estado mexicano ha postergado desde su consolidación, al consumarse la guerra de independencia.

“Se trata no solo de reconocer la existencia (como sujeto de derecho público) y riqueza biocultural de los pueblos originarios y afromexicanos sino de generar mecanismos para que en los hechos, los pueblos originarios ejerzan la gobernanza sobre su tierra y territorio de acuerdo a sus sistemas normativos. Lo cual cobra gran relevancia en tiempos de neo-extractivismo”, finalizó.