Demandas y adeudos del gobierno a núcleos agrarios amenazan proyecto del Tren Transístmico

La mayoría de las 31 congregaciones agrarias por donde pasa el trazo del Tren Transístmico, que será rehabilitado este año al formar parte del eje del Corredor Interoceánico que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, arrastra conflictos y demandas contra Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras dependencias como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de acuerdo con el presidente de la Procuraduría Agraria (PA) de Tehuantepec, Luis Alberto Paredes Jiménez.

Entre los núcleos agrarios de ejidos y comunidades que mantienen pugnas con el gobierno se encuentran Salina Cruz, Boca del Río, Tagolaba, Lieza, Ciudad Ixtepec, Ixtaltepec, Chivela y Estación Sarabia, donde Pemex, la SCT y CFE adeudan desde hace años el pago de los derechos de vía.

Un ejemplo de dichos conflictos en la región son los que los núcleos agrarios mantienen contra Pemex.

En 1985, la petrolera firmó dos contratos con las comunidades del Istmo de Tehuantepec para usar parte de sus tierras en la construcción de los ductos que transportan combustibles desde Veracruz a Salina Cruz, donde opera la refinería Antonio Dovalí Jaime; ambos vencieron en 2015.

Por ello, representantes de todas las comunidades agrarias del sur de Oaxaca que fueron impactadas con la construcción de seis ductos petroleros han presentado ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) de Tuxtepec las demandas para que la empresa productiva del Estado renueve los contratos y pague las afectaciones por otros 30 años, tal y como lo establece el artículo 45 de la Ley Agraria de México.

“Las tierras ejidales podrán ser objeto de cualquier contrato de asociación (...) Los convenios que impliquen el uso de tierras ejidales por terceros tendrán una duración según el proyecto productivo correspondiente, no mayor a 30 años, prorrogables”, señala el artículo.

La exdirigente de los ejidatarios, Rocío Fonseca Romero, reveló que la congregación agraria de Chivela, comunidad perteneciente a Asunción Ixtaltepec, acordó demandar ante el TUA a la petrolera porque se niega a renovar los contratos con vigencia de 30 años y cubrir las indemnizaciones retroactivas posteriores a 2015.

“Con las modificaciones en la ruta del tren, ya nos avisaron que nos van a buscar. Aquí, en la asamblea ejidal, acordamos hace un mes que no haremos negociaciones ni con el gobierno federal ni con el estatal.

“Estamos pidiendo que todas las pláticas y acuerdos de indemnización con Pemex, la SCT y CFE, y las del Corredor Interoceánico, sean ante el Tribunal Unitario Agrario para que nadie se niegue a pagar, como ha ocurrido hasta ahora”, dijo Fonseca.

Buscan a ejidatarios

Conocedor de esta problemática, el gobierno federal, a través de varias dependencias, informó que sin que haya “contraposición al proceso de consulta que está desarrollando el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en la región”, realizará actividades de campo para tener un diagnóstico por cada núcleo agrario.

De acuerdo con el documento oficial Programa de Atención a Núcleos Agrarios en el Trazo del Tren del Corredor Interoceánico, del cual EL UNIVERSAL tiene una copia, dichas actividades incluyen reuniones con los ejidatarios de las congregaciones agrarias, cuyas tierras serán objeto de modificaciones para acondicionar el trazo del tren.

Dichos cambios incluyen cortar, curvar y hacer pendientes que faciliten el transporte entre los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz.

Según una fuente de la Jefatura Operativa de la PA estatal, este documento es una versión preliminar y en el trancurso de esta semana quedará definida la versión final, cuyo objetivo es el mismo: “Contar con la participación directa de los núcleos agrarios en la implementación del Corredor Interoceánico (...) creando las condiciones para respetar los derechos de la población sobre la tierra y los recursos naturales”.

En dicho documento se informa que la Procuraduría Agraria en Oaxaca convocó a una reunión de trabajo a los comisariados de los lugares por donde pasa el trazo del tren, constituyéndose de este modo una mesa agraria de información directa con los dueños de las tierras, lo que permitió conocer sus reclamos, conflictividad social y problemas que mantienen con las dependencias por falta de pagos, uso de tierras o incumplimientos a compromisos.

Consultado al respecto, el titular del INPI, Adelfo Regino, aseguró desconocer el plan de reuniones y agregó que sus coordinadores realizan asambleas para agotar los procesos de consulta entre las comunidades indígenas, a fin de elaborar el programa de desarrollo integral del sur de Oaxaca.

“Voy a buscar al director nacional de la PA, Luis Hernández, para que nos informe el sentido de esas reuniones”, afirmó.