La senadora Ifigenia Martínez y yo, decanos de ambas cámaras del Congreso y sobrevivientes de la lucha emprendida hace más de tres decenios contra el dogma neoliberal y a favor de un desarrollo sostenido y justo —lo que hoy llamamos la 4T—, convocamos a un seminario virtual sobre “Economía y Sociedad a partir de la Pandemia” celebrado los pasados días. El evento fue plural y participamos 39 especialistas en distintas ramas del conocimiento. El propósito sería arribar a un pacto de estado o a un acuerdo nacional de emergencia que nos permita atacar con mayor éxito la pandemia mediante el concurso del gobierno, empresarios, trabajadores, academia y sociedad civil.

Más de seis horas de debate revelaron sucesivos círculos viciosos que invitan a proceder con certeza y eficacia. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, planteó la necesidad de “instituciones públicas robustas” pero no autoritarias, mientras que en la práctica sólo se perciben las castrenses encargadas de 13 tareas civiles. Es extraño que este gobierno sea el primero que detenta una legitimidad abrumadora y sin embargo padezca el vaivén de los poderes económicos y financieros. Cálculos matemáticos indican que lo peor del Covid-19 está por venir, mientras que desde el poder se habla de una cura milagrosa.

Es esencial la inversión masiva en servicios de salud y no la austeridad que se pregona. La aterradora desaceleración de la economía exige una política contra-cíclica contundente que implique el incremento del gasto y perderle el miedo al déficit público, como lo hacen todos los países del mundo. De lo contrario habrá que hacerlo cuando ya no tengamos la capacidad de pago y la recesión se torne irreversible. Después del país ahogado.

El modelo mexicano de crecimiento contó con una potente Banca de Desarrollo al servicio de la producción y el empleo, no sólo prestaría de la banca privada como se piensa en las “recámaras de palacio”. Los países de la OCDE están aumentando su endeudamiento, mientras que los bancos centrales proporcionan la liquidez. Abandonar temores atávicos a la reforma fiscal, indispensable para distribuir las responsabilidades entre los órdenes de gobierno y liberar a Pemex de gravámenes impagables. Cumplir tratados internacionales sobre Cambio Climático descarbonificando la energía y atrayendo cuantiosas inversiones en fuentes limpias y renovables.

Potenciar el T-MEC en una Unión tarifaria de América del Norte que incluya aranceles, salarios, movilidad laboral e inversión; igual nuestra asociación estratégica con la Unión Europea y nuestros compromisos con Rusia y China. Aprovechar lo firmado, que no regatearlo. Reducir las brechas de remuneración al trabajo y no sólo limitar a los que más ganan. Remedios de fondo, no sólo aspirinas. La estructura del Presupuesto Federal sería garante de estas políticas, no rutina intrascendente.

“La desigualdad define la época que vivimos” sentenció el secretario general de la ONU. En México es abismal. Asumamos que ya somos gobierno y mayoría parlamentaria. Los programas sociales focalizados cubrieron la etapa electoral y se consagraron ya en la Constitución. No es tiempo de “mis pobres”, sino de “los pobres”. Los beneficios han de ser universales, verificables y con padrones confiables.

El Ingreso Básico Ciudadano goza de total consenso. Es el primero entre los Derechos Humanos: el de no morirse de hambre. Proponemos la reforma al artículo 35 constitucional para que sea derecho inalienable de los ciudadanos. Por efecto de la crisis se sumarán 11 millones de personas en pobreza extrema, además de los 10 existentes. Abolir estos círculos viciosos para que no se conviertan en las estrías de taladros que horaden el cuerpo de la nación.

Diputado federal