En el gobierno federal están desesperados por reducir la deuda de Pemex a como dé lugar el próximo año y aspirar a recuperar el grado de inversión que la empresa perdió en abril. El principal argumento es que para la Secretaría de Hacienda cada vez es más difícil salir a los mercados a refinanciar los pasivos de corto plazo, además de que los estimados para la producción petrolera y el precio del crudo de 2021 están sobreestimados.

En octubre, Pemex colocó un bono a cinco años por mil 500 millones de dólares en los mercados internacionales a una tasa de 6.9%, casi cuatro veces lo que paga el gobierno mexicano por sus bonos. Es la tasa más alta a la que la empresa petrolera ha colocado papel en los últimos 20 años.

Si Pemex no hubiera perdido el grado de inversión por las decisiones erráticas de la actual administración, el bono se habría podido colocar a una tasa de 3%. El costo extra para los mexicanos se calcula en unos 60 millones de dólares al año, es decir unos 300 millones durante los próximos cinco años.

Esto ha generado una serie de propuestas para intentar ‘salvar’ a Pemex, algunas que no tienen viabilidad bajo las leyes actuales, como la que propuso el consejero independiente de la petrolera, Juan José Paullada, de usar las reservas internacionales del Banco de México para liquidar deuda de la empresa.

Pese a que la propuesta realizada en una sesión del Consejo, el pasado 16 de junio, fue vista con buenos ojos –y hasta aplaudida– por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y por el director de Finanzas de Pemex, Alberto Velázquez, la realidad es que la ley de Banxico no lo permite. 

Ayer, el subgobernador Gerardo Esquivel reconoció que la propuesta es inviable bajo los artículos 19 y 20 de la ley del banco central. Se sumó el exsubgobernador, Everardo Elizondo, quien publicó también en su cuenta de Twitter que estos artículos especifican con toda claridad la composición de la reserva internacional y sus usos. “Conviene leerlo y entenderlo antes de aventurar propuestas”, dijo.

Y remató el también exsubgobernador, Manuel Sánchez, quien señaló que la ley de Banxico establece que la reserva puede invertirse en valores considerados de primer orden, en moneda extranjera y a cargo de entidades del exterior. “La propuesta no es viable… Pemex es nacional y sus bonos ‘chatarra’”, consignó.

Y es que la definición de los activos para invertir la reserva internacional de un país la otorga el Fondo Monetario Internacional. Además, como lo expuso el subgobernador Sánchez, tiene que ser en instrumentos denominados divisas de países desarrollados –dólares, euros, libras, yenes– y no emitidos por entidades del propio país.

Es decir que hoy, por ley, no se pueden usar las reservas de Banxico para financiar deuda del gobierno o de una empresa del Estado, como Pemex. De esta manera, los remanentes que entregará el banco central al gobierno el próximo año, los cuales podrían sumar unos 500 mil millones de pesos, no podrán utilizarse para ‘salvar’ a Pemex.

La otra propuesta la publicamos aquí la semana pasada. Se trata de unos 50 mil millones de dólares que están depositados en los fideicomisos de los trabajadores de Pemex, los cuales están siendo negociados con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estos recursos ayudarían a reducir a la mitad la deuda de Pemex, la cual asciende a cerca de 110 mil millones de dólares. La acumulación de esta riqueza viene desde los tiempos de Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, como líder del sindicato petrolero, pasando por la era de Carlos Romero Deschamps, pero se antoja muy difícil que se puedan liberar.

Posdata

En el tercer trimestre de 2020 la deuda financiera Pemex aumentó 24.9%, por la depreciación del peso y los montos utilizados de las líneas de crédito. Esta ascendió a 2 billones 476 mil millones de pesos, unos 110 mil millones de dólares.

Al gobierno le urge hacer algo con la petrolera más endeudada del mundo antes de que su caída se convierta en un riesgo para el sistema financiero global.

Outsourcing: ¿de quién es la iniciativa?

La iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados la semana pasada no es la que se discutió y acordó hace casi nueve meses en el Senado, la cual contó con la participación de todos los actores involucrados: empresarios, expertos en materia laboral, académicos, legisladores y funcionarios del gobierno.

La iniciativa que el presidente mandó a los legisladores es radical y busca desaparecer la figura de la subcontratación, salvo algunas excepciones, bajo el juicio sumario de que ha permitido abusos contra los trabajadores.

El autor de la iniciativa es, en buena medida, el padre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde: el abogado laborista Arturo Alcalde, quien por muchos años ha defendido a los sindicatos en México.

La iniciativa también contiene algunas propuestas de la que promovió hace unos meses el senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia, quien también pidió cancelar la figura del outsourcing para que los sindicatos se hicieran cargo de ese negocio.

La pregunta es si no existe un conflicto de interés con el abogado Arturo Alcalde y la relación con sus clientes, los sindicatos, cuyas prácticas y administración de los recursos de los trabajadores tampoco son las mejores.

@MarioMal

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