Opinión

En medio de la polémica por la posible ampliación de mandato de su presidente, Arturo Zaldivar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está por enfrentar otro potencial escándalo. Se trata de la modificación de una sentencia pública de Amparo Directo en Revisión, a solicitud del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El caso tiene que ver con un juicio de hace 14 años que inició Carmela Azcárraga Milmo y su familia contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual se niega a dar cumplimiento a una devolución millonaria de impuestos, y en el que el SAT ha tenido como ‘abogados’ a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Azcárraga Milmo litigó el reintegro de 338 millones de pesos correspondientes al cobro de impuestos por la venta de sus acciones en la compañía Acotel S.A. de C.V., misma que se gravó ilegalmente con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Aún en vida— falleció el 27 de febrero de 2020—, Carmela Azcárraga reclamó la devolución de los recursos y llevó el caso a tribunales, donde se enfrentó por más de una década a cuatro diferentes titulares del SAT: José María Zubiría, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Aristóteles Núñez y Osvaldo Santín.

Lo relevante del asunto es que, de acuerdo con la historia procesal del caso, ninguno de los cuatro recaudadores panistas y priístas hizo algo para defender ante el Poder Judicial su postura de no devolución de impuestos, y dejaron que los entonces magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa hicieran el trabajo por ellos, como sus abogados defensores.

En vez de evaluar imparcialmente los elementos que presentó cada parte en el juicio, los magistrados redactaron o mejoraron las respuestas que el SAT debió haber emitido para sostener la legalidad del cobro de impuestos, con lo que invadieron las facultades que corresponden únicamente a la autoridad fiscal. Según los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución, esto es violatorio de la ley, por lo que en 2019 Azcárraga Milmo interpuso un amparo ante la SCJN, como última instancia para validar la devolución de impuestos que, para esas fechas, se acercaba a los mil millones de pesos.

El Amparo Directo en Revisión 7472/2019 cayó en manos de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien construyó una resolución favorable a la particular que reclamaba sus recursos, y en la que prevaleció también el argumento de que los magistrados del TFJA no están autorizados para mejorar la contestación a la demanda o para analizar pruebas que el SAT nunca ingresó al proceso.

La sentencia fue aprobada por los ministros de la Segunda Sala el pasado 14 de abril, otorgando la protección constitucional a Carmela Azcárraga para efectos de que se concrete la devolución de impuestos y se reconozcan sus derechos. Esta fue publicada en el sitio de la Corte, acompañada de la versión estenográfica de la sesión en la que se confirma que el tema se resolvió sin modificación alguna.

No obstante, y a pesar de que la Ley de Amparo establece 10 días para firmar el engrose de la resolución, esto no se ha dado y, según fuentes cercanas al proceso, se suspendió la revisión del mismo, la cual se tenía programada para el 19 de mayo.

Ya van más de dos meses sin que la ejecutoria de la sentencia esté finiquitada, por lo que se teme que los ministros cedan a la presión de las autoridades fiscales de la 4T para cambiar el sentido de la sentencia, lo cual sentaría un precedente histórico para la autonomía e independencia del máximo órgano de justicia del país.

Posdata

Se avecinan más ajustes en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Pese a que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha negado que haya presentado su renuncia, en el primer círculo de la Presidencia se da por hecho que, a más tardar en la próxima semana, se anunciaría su relevo. Se habla de que Zoé Robledo, titular del IMSS, regresaría a despachar a las oficinas de Bucareli. También se menciona que Rosa Icela Rodríguez no seguirá al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sobre todo luego de la presión ejercida por Estados Unidos a México en asuntos de seguridad interior. Sánchez Cordero regresaría al Senado para empujar las reformas constitucionales. Sobre la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, lo dicho: su salida es ‘inminente’ –aseguran en el gabinete–, sólo que el Presidente no decide aún a quién darle esa responsabilidad.

 
@MarioMal
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