Opinión

Una sonrisa burlona fue lo que les regaló el empresario Alonso Ancira a los fotorreporteros que lo esperan afuera del Reclusorio Norte el 19 de abril pasado, cuando el llamado “rey del acero” fue puesto en libertad tras haber pactado con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador un “acuerdo reparatorio” para librarse de los delitos por los que se le perseguía, entre ellos fraude fiscal, corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Ancira, de 65 años, estuvo preso dos meses y medio en el Reclusorio Norte, al que llegó extraditado de España el 3 de febrero. El empresario coahuilense acumuló otros 20 meses en libertad condicional en Palma de Mallorca, donde fue aprehendido por las autoridades españolas a finales de mayo de 2019 por delitos cometidos en México.

La sonrisa de Ancira, me cuentan dos personas de su círculo cercano, era porque el “rey del acero” “la libró” de nueva cuenta. No era la primera vez que un gobierno lo perseguía. En el sexenio de Vicente Fox lo acusaron de fraude fiscal y se refugió en Israel, hasta que pudo regresar con Enrique Peña Nieto directo a las grandes ligas de los negocios. La sonrisa también era porque su salida de la cárcel significaba a su vez el inicio de una revancha contra un gobierno y un Presidente que lo habían mancillado.

El acuerdo entre Ancira y Pemex fue pagar un total de 216 millones de dólares por la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados que realizó la petrolera estatal en tiempos en los que era dirigida por Emilio Lozoya. El monto sería cubierto en cuatro exhibiciones: la primera a partir del próximo 30 de noviembre y hasta 2024, lo que supone un pago promedio de unos 54 millones de dólares por año. Una negociación sui géneris e inédita para la justicia mexicana.

La operación, además de financiera, era política. La intención del gobierno de López Obrador era que Ancira –ligado al salinismo– perdiera el control de su empresa Altos Hornos de México, por lo que el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, se encargó de conseguir nuevos socios, afines a la 4T. Así fue como un grupo de inversionistas liderados por Julio Villarreal, dueño de Grupo Villacero, acordaron la compra de 55% de AHMSA. El resto del capital fue a parar a manos de un socio de Ancira, Xavier Autrey Maza, el cual, en teoría, quedó en garantía junto con algunos inmuebles del pago de los 216 millones de dólares.

La realidad, según las fuentes, es que el acuerdo fue de pura saliva. Alonso Ancira no cedió el control de la empresa a Julio Villarreal ni su socio Xavier Autrey se quedó con 45% de las acciones. Todo sigue como estaba antes de la llegada de AMLO al gobierno y el “rey del acero” sigue operando la compañía como siempre, aunque ahora desde sus oficinas en San Antonio, Texas, a donde voló tan pronto salió del Reclusorio Norte, y a donde llegan cada semana ejecutivos desde Coahuila o la Ciudad de México para tener reuniones con él.

La contraofensiva legal vendría en los próximos meses, cuando Ancira busque dar marcha atrás al “acuerdo reparatorio” con Pemex, el cual, asegura, no tuvo fundamento y se trató de una persecución política.

Pertrechado en alguno de sus varios inmuebles en Estados Unidos, con la empresa operando y con la asesoría de los mejores despachos de abogados del país del que también tiene residencia, Ancira tiene tiempo para planear su estrategia.

El asunto es que el tema se volvió personal. Ancira demandó al Presidente por presuntamente violar sus derechos durante sus conferencias, mientras que AMLO lo dejó dos meses y medio en el Reclusorio Norte, pese a que vino extraditado con un acuerdo previo con Pemex y con el consejero Jurídico. Ancira no piensa dejar pasar tal agravio.

Van por Toledo y Huerta; Gándara, en el tintero

Como lo adelantamos ayer, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados llevó a cabo la sesión para avalar los desafueros de los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta, acusados de enriquecimiento ilícito y violación sexual en contra de un menor, respectivamente.

En el tintero de esa comisión legislativa se quedó el juicio de procedencia del fiscal de Morelos, Uriel Gándara Carmona, el cual, pese a que fue impulsado por el presidente de ese órgano, Pablo Gómez, no avanzó al Pleno debido a que desde abril pasado no logró alcanzar la mayoría de votos que se requieren para que el asunto sea discutido.