Opinión

La investigación a los expresidentes de México va en serio, a pesar de los resultados de la consulta popular que no alcanzó los votos necesarios para ser vinculante y someterlos a juicio, como planteó Andrés Manuel López Obrador. 

El lunes posterior a la consulta, AMLO confirmó que no descartaba posibles juicios en contra de sus antecesores. “La autoridad tiene en todo momento el derecho de actuar cuando se trata de asuntos judiciales, siempre y cuando haya pruebas y elementos, esto queda abierto”, dijo. 

Y así ha sido. A partir del resultado de la primera consulta y del revés que se llevó Morena con la no aprobación del periodo extraordinario para pasar la Ley Reglamentaria de la Revocación de Mandato, el Presidente ha colocado como prioridad la investigación y eventual judicialización de los casos contra Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. 

El primer caso está relacionado con el pago de sobornos a legisladores para aprobar la reforma energética y el financiamiento ilícito de su campaña a la Presidencia, de acuerdo con la denuncia que hizo el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. 

En lo que hace a Felipe Calderón, quien también figura como uno de los 70 denunciados por Lozoya, se reabrió la investigación por los recursos que se inyectaron al proyecto político de México Libre, el cual buscaba llevar a su esposa, Margarita Zavala, a la candidatura por la Presidencia en 2024. 

A solicitud del INE, la UIF y la Fiscalía General de la República se investiga el origen de los recursos que México Libre recabó como donaciones a través del sistema “clip”. Se sospecha que éstas provienen del expresidente panista y, según las denuncias recibidas, de exfuncionarios como el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. 

México Libre reportó a la autoridad electoral que alrededor de 8% de sus ingresos provenían de transacciones electrónicas con donante anónimo, una cifra de poco más de un millón de pesos, la cual se sumaría a montos no reportados que sostuvieron la operación del eventual partido y que apuntan nuevamente al círculo cercano a Felipe Calderón. 

Las denuncias contra el exmandatario por el financiamiento a las candidaturas y proyectos de su esposa Margarita Zavala se remontan a 2018. Se presume que García Luna desvió del erario unos 400 millones de dólares a través de empresas como Nunvav Inc., los cuales habrían ido a parar a la campaña a la Presidencia y, posteriormente, a la creación del nuevo partido. 

El asunto se suma a las indagatorias que las autoridades siguen sobre los supuestos beneficios que recibió en su momento el presidente Calderón por la firma del contrato de suministro de gas a la planta Etileno XXI, con el que Pemex se comprometió con Braskem –filial de Odebrecht– a vender el insumo a 70% de su precio de referencia internacional. La acusación forma parte de la denuncia de Lozoya, pero las bases reales de esta pesquisa son independientes a los dichos que el exfuncionario plasmó en las 63 páginas que la FGR hizo públicas hace un año. 

De acuerdo con los datos recabados hasta el momento, el expediente de Felipe Calderón tiene un mayor peso judicial que el de Ricardo Anaya, cuyo delito más grave –un posible caso de lavado de dinero por la construcción y venta de unas naves industriales en Querétaro– fue desechado como causa penal por la desaparecida Procuraduría General de la República desde finales de 2018. 

Resulta que la carpeta que la FGR presentó al juez de control, según se confirmó ayer con la filtración del expediente, recoge únicamente las acusaciones que Lozoya incluyó en la querella de agosto de 2020. 

Los personajes cercanos al expresidente Calderón afirman que tanto el tema de Etileno XXI, como el presunto financiamiento ilícito a México Libre, no tienen sustento y, en todo caso, son parte de la “persecución política” contra los exmandatarios. El primer caso, basado en la denuncia de Lozoya, es el más endeble; el segundo, al que ya se subió el INE, podría detonar otro enfrentamiento público como el que el Presidente abrió con Ricardo Anaya. 

Ya se verá. 

 
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