Opinión

La misma semana en la que el senador Higinio Martínez se destapó como aspirante a la gubernatura del Estado de México para 2023, la Unidad de Fiscalización del INE acreditó y sancionó diversos actos de corrupción cometidos por el grupo político del que Martínez forma parte, y que encabezan el hoy administrador general de Aduanas, Horacio Duarte, y la actual secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez.

Se trató de una trama ilegal de financiamiento político cuyo beneficiario final fue el llamado “Grupo de Acción Política”, del que es cerebro Duarte.

En enero de 2013 Delfina Gómez tomó posesión del Ayuntamiento de Texcoco. Desde el mes siguiente, alegando que había recibido diversos escritos suscritos por servidores públicos que le solicitaron “el descuento porcentual de su salario, vía nómina, con el objeto de que dichos recursos fueron transmitidos al Grupo Acción Política”, la nueva alcaldesa comenzó a descontar el 10 por ciento de su salario a 550 empleados públicos, que laboraban tanto en el municipio como en el DIF Texcoco.

El dinero descontado “voluntariamente” se desvió a través de cheques girados a nombre de María Victoria Anaya, trabajadora de confianza del ayuntamiento y posteriormente coordinadora de giras de Delfina Gómez –cuando esta se lanzó como candidata a la gubernatura del Estado de México.

La póliza de los cheques, según revelan documentos rendidos por diversas instituciones de crédito a la Unidad de Fiscalización, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, está firmada por Delfina Gómez, por el entonces síndico Eliseo Edmundo Rosales López, por el entonces secretario del Ayuntamiento, Horacio Duarte, y por el tesorero Alberto Martínez Miranda.

Los descuentos se realizaron durante más de dos años. Quincena a quincena. De ese modo, a los trabajadores les fueron arrebatados 12 millones 813 mil 507 pesos.

En mayo de 2017 relaté aquí una cena que varios periodistas tuvimos con Delfina Gómez (“Una cena con Delfina”, 1º de mayo de 2017). Nos dijo que los empleados le habían solicitado que les descontara el sueldo “para apoyar programas sociales relacionados con la niñez y las comunidades indígenas”. Dijo que el descuento se había hecho “nada más a unos 150 (trabajadores), los que tenían puestos directivos y medios”. Dijo que “de ninguna manera” había posibilidades de que aquel dinero hubiera servido para financiar a algún partido político.

Una mentira tras otra.

María Victoria Anaya recibió 79 de esos cheques, por un total de 11 millones 741 mil  465 pesos. Otros nueve documentos fueron emitidos a nombre de otra empleada pública y militante de Morena: Sara Iveth Rosas Rosas, quien endosó ocho a personas que los cobraron en efectivo, a fin de que el rastro de los recursos se perdiera.

La Unidad de Fiscalización pudo reconstruir la manera en que María Victoria Anaya depositó algunos cheques en su cuenta personal y cobró en efectivo algunos otros. Con el dinero una vez en su cuenta, Anaya giró 36 cheques a diversas personas físicas y morales. El INE acreditó que entre estas se hallaban “proveedores de las campañas políticas de Morena en 2015”.

De acuerdo con el INE, a 54% de los servidores del ayuntamiento se les descontó el 10% de su sueldo y a 4% un porcentaje mayor al 10%. A todos ellos, concluye la autoridad electoral, se les afectó su patrimonio, contraviniendo la Ley General del Trabajo e incluso la Constitución Política.

En 53 casos, las pólizas indican que el concepto del pago fue “Aportación GAP”. En dichas pólizas están las firmas y el sello del Ayuntamiento de Texcoco 2013-2015. En su calidad de secretario Horacio Duarte firmó 22 cheques, antes de ser sustituido por Nazario Gutiérrez Martínez.

El 6 de mayo de 2017 la Unidad Técnica de Fiscalización le preguntó a Delfina Gómez si durante su administración se habían realizado descuentos a los trabajadores del municipio para beneficiar a algún grupo o partido político. Dos semanas después Gómez contestó  que esos trámites no fueron realizados por ella “y tampoco guardó registro detallado” por lo cual se veía “en la imposibilidad de proporcionar dicha información”.

En Morena contestaron que este partido “no tiene ningún Grupo de Acción Política dentro de su estructura, aunado a que nuestro Estatuto prohíbe la creación de grupos al interior del partido político”.

El grupo encabezado por Duarte fue una de las corrientes políticas del PRD hasta 2011. En una entrevista concedida al canal 34 Noticias de la Televisión Mexiquense, el propio Duarte se ostentó como dirigente del GAP del PRD: en 2013 sus líderes anunciaron que emigraban a Morena. Ante la investigación, el GAP manifestó ser “una organización altruista”. A esa organización se destinaron los cheques con dinero arrebatado a los trabajadores, según revelan los documentos obtenidos por el INE.

Duarte respondió a todo esto con un tuit: “El @INEMexico resolvió una queja de 2017, sobre supuestos hechos de 2013. Con mala fe y con falacias sanciona. Lo que hay detrás es el odio de varios consejer@s contra @PartidoMorenaMx. Faltan 2 años para 2023 y nos quieren parar a la mala. Una vez más les vamos a ganar!”.