Opinión

La reforma eléctrica que se va a discutir y aprobar en las próximas siete semanas generará múltiples efectos políticos y económicos. Por un lado, podría ser el detonador de la ruptura de la alianza opositora, el golpe de muerte al PRI y sus escasas posibilidades de defender algunos de los estados que aún gobierna hacia 2024 y, por el otro, podría prolongar la crisis de inversión privada nacional y extranjera, y poner a otros países y a nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, en pie de lucha contra México.

Todo esto se juegan los priistas con la decisión de apoyar al Presidente y sus partidos aliados en el Congreso federal. La presión para el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, y los dos coordinadores en la Cámara de Diputados y Senadores, Rubén Moreira y Miguel Osorio Chong, está al rojo vivo. Se juegan su tranquilidad, por lo menos en lo que resta del sexenio, o todo el peso del Estado por sus acciones del pasado.

Los mensajes de Andrés Manuel López Obrador han sido muy claros en contra de los tres. En el caso de Moreno pesan acusaciones por adquirir de forma irregular propiedades que apuntan a un presunto enriquecimiento ilícito.

En el caso de Moreira, el Presidente lo ha señalado de participar en actos de corrupción vinculados con Alonso Ancira y su empresa Altos Hornos de México. AMLO ha amagado con denunciar al exgobernador de Coahuila por recibir viáticos hasta por 30 millones de pesos del propietario de la acerera.

Y en lo que se refiere a Osorio Chong, el agua ya empieza a llegarle al cuello, pues pese a gozar de un blindaje heredado de un posible acuerdo de esta administración con el expresidente Peña Nieto, los cada vez más escandalosos indicios de una Secretaría de Gobernación con desvíos multimillonarios son imposibles de esconder.

Por su parte, los empresarios mexicanos también están dispuestos a jugarse todo para evitar que la iniciativa de reforma eléctrica pase tal y como lo mandó el Presidente. En la reunión privada de este lunes, los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) fueron contundentes respecto a su estrategia para combatir los cambios constitucionales que pretende hacer el gobierno. “Es un antes y un después para México”, sentenciaron.

Por lo pronto, se integrará un grupo de cabildeo en el Congreso para intentar convencer a los legisladores priistas –muchos quienes votaron a favor de la reforma en el sexenio de Enrique Peña Nieto– de no suscribir la iniciativa presidencial. Otro grupo se enfocará en analizar las medidas legales que tendrían a su alcance con un cambio a la Constitución, y uno más operará en los círculos extranjeros, con organizaciones empresariales, funcionarios de Estados Unidos y también en instancias de arbitraje internacionales.

Los empresarios van por delante con el argumento de que han invertido cerca de 45 mil millones de dólares en el sector eléctrico a partir de la reforma energética del sexenio pasado. “No vamos a permitir la estatización de la industria como pasó con la banca en 1982, con José López Portillo”, señaló uno de ellos.

Además del impacto al sector eléctrico, los estudios que elaboraron con las áreas económicas de los bancos arrojan que, tras aprobarse la reforma, –“la más radical que ha propuesto el Presidente”, según consideran– vendría una salida importante de capitales y una depreciación del peso, además de que no habría vuelta atrás en la confianza de los inversionistas por lo menos hasta 2024.

El panorama luce devastador, a juzgar por lo que ven los principales empresarios del país. Por lo que hace a los dirigentes priistas y a los legisladores, tendrán que valorar si votar en bloque con Morena para salvar su pellejo es lo mejor, con todas las implicaciones y consecuencias que ello tendría.

Avala la Corte alianza con UNOPS

Como le adelantamos aquí, el ministro Juan Luis González Alcántara estuvo a punto de echar para atrás la reforma a la Ley de Adquisiciones que permite al gobierno federal comprar medicamentos en el extranjero y sin licitación. Se quedó a dos votos de conseguirlo y el desastroso modelo de compras realizadas a través de la UNOPS sigue en pie.

Aunque el proyecto de González Alcántara fue apoyado por seis de los 11 ministros en el Pleno, se requerían ocho votos favorables para anular los cambios a la legislación. Con esto, seguirán vigentes los contratos hasta que se concedan nuevos amparos a los afectados –en este caso la industria farmacéutica– y el asunto regrese a la Corte.

El ministro presidente Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel, Margarita Ríos-Farjat, Fernando Franco y Jorge Mario Pardo Rebolledo votaron en contra de la ponencia de González Alcántara, que le habría valido a la Corte cargar con “la culpa” del desabasto y el desastre en el sector salud.

Quintana Roo recupera empleos

A pesar de ser uno de los estados más golpeados económicamente por la pandemia del Covid-19, Quintana Roo, que gobierna Carlos Joaquín Gonzalez, ha recuperado ya 58 mil 223 empleos en lo que va del presente año. Con esto, la entidad superó en 387% la meta inicialmente propuesta para el segundo trimestre de 2021.

Con estos números, el estado llega a un acumulado de 424 mil personas afiliadas al IMSS, colocándose en el primer lugar del ranking de generación de plazas laborales a nivel nacional, tras haber perdido poco más de 97 mil 300 empleos por la contingencia sanitaria; una cifra que sólo fue menor a los 256 mil trabajos que se extinguieron en la Ciudad de México.

Buena noticia para el sector turismo, que en otros estados, como Guerrero, además batalla por graves problemas de inseguridad.

Jet Van Car alista su regreso

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, la empresa Jet Van Car ganó al menos 411 contratos con el gobierno federal por más o menos 6 mil 500 millones de pesos; 331 de estos fueron contratos por adjudicación directa, según datos del portal Compranet. El gobierno de López Obrador trajo cambios para la compañía que encabeza Cuauhtémoc Velázquez, luego de que en enero de este año, la entonces secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, anunció su inhabilitación y una sanción en su contra.

Con esto se le impidió participar como proveedora de gobierno durante un año, es decir hasta enero de 2022, y se le impuso una multa económica por un millón 433 mil 874 pesos, debido a que incumplió un contrato de arrendamiento de automóviles con el Servicio de Protección Federal. A pocos meses de terminar su sanción, Jet Van Car prepara el terreno para su regreso, pues a su dueño se le ha visto muy cerca de José Luis Moyá Moyá, quien se autonombra el “zar de las solicitudes de información”, y quien tiene en su haber dos inhabilitaciones del gobierno de la Ciudad de México. Ya veremos.