Veta Murat ley que extinguía al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Oaxaca
El gobernador señala que la ley violenta el principio de legalidad, la supremacía constitucional, la certeza y seguridad jurídica, e invade esferas de competencia y vulnera la división de poderes
Oaxaca de Juárez.— El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, vetó en su totalidad el decreto que crea la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción aprobado por los legisladores de la 64 Legislatura del Congreso local.
De acuerdo con oficio GEO/050/2021 que entregó al Poder Legislativo, el mandatario argumenta que el decreto no fue expedido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tampoco está homologado con el artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
La nueva Ley del Sistema Estatal del Combate a la Corrupción, agrega, violenta el principio de legalidad, la supremacía constitucional, la certeza y seguridad jurídica, e invade esferas de competencia y vulnera la división de poderes.
“Va en contra del artículo 113 de la Constitución Federal, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y en contra de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria… Con fundamento en los supuestos constitucionales antes referidos, estando dentro del plazo de 15 días formulo veto total al citado decreto”, señala el mandatario en su misiva.
En abril de 2021, la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca aprobó la nueva Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción con el que desaparece el Comité de Participación Ciudadana (CPC) y crea el Consejo de Participación Ciudadana.
Con este decreto, los actuales miembros del CPC del Sistema Anticorrupción de Oaxaca dejarían de ejercer sus funciones al término de 30 días posteriores a la entrada en vigor de la nueva ley; es decir, contados a partir de la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y se procederá al nombramiento de los nuevos integrantes ahora del Consejo de Participación Ciudadana.
Mientras que el quinto transitorio de la ley también específica que la situación presupuestal y laboral de la actual Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción será regulada en la ley secundaria, “sin menoscabo de los derechos laborales”.
Esta nueva legislación, la cual ha vetado en su totalidad el gobernador Alejandro Murat, no sólo pretendía el cambio de nombre del CPC con el fin de destituir a los actuales integrantes ciudadanos y nombrar a nuevos consejeros; también, postula que las recomendaciones del CPC sean vinculantes, cuando la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Constitución Política de México señalan que no pueden ser vinculantes porque no es un organismo jurisdiccional.
Alejandro Murat añade que el artículo 16 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que a toda propuesta de aumento o creación de gasto que afecte el proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.
“Todo proyecto de Ley o Decreto que sea sometido a votación del pleno de la legislatura local, deberá incluir en su dictamen una estimación sobre el impacto presupuestario. El cual se correlaciona con el artículo 66 del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el cual dispone que en el caso de que las iniciativas impliquen un impacto presupuestal, la comisión o comisiones deberán solicitar a la Comisión de Presupuesto y Programación y a la Secretaría de las Finanzas del Gobierno del Estado, una proyección de dicho impacto", puntualiza.
El veto total del Gobernador de Oaxaca advierte que de permanecer vigente la nueva Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, impactaría presupuestalmente porque no se realizó el procedimiento respectivo, ni el análisis financiero necesario.
De entrar en vigor este decreto, recalca, obligaría al pago simultáneo de consejeros e integrantes del Comité de Participación Ciudadana, a la remoción del actual Secretario Técnico nombrado por tres años por el Comité Coordinador y a la designación de uno nuevo; “situación que de igual manera, implicaría el pago simultáneo de ambos”.
