Opinión

Apenas la semana pasada (18 de abril) la Red por los Derechos de la Infancia, Redim, denunció que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, publicado por la Secretaría de Gobernación, 14 personas de entre 0 y 17 años de edad fueron reportadas diariamente como desaparecidas o no localizadas.

Esto indica que solo en 2021 ocurrieron en México cinco mil 110 casos de desaparición de menores.

Diez días antes se había dado a conocer la desaparición de Mizty Tonantzin López Cruz, una joven de 18 años, estudiante del CCH Oriente, que aquella mañana, después de una cita médica, abordó una combi en la Avenida Vicente Villada, en Ciudad Nezahualcóyotl, con dirección a la Calzada Ignacio Zaragoza.

Se desconoce el motivo por el cual abordó esa combi. Solo se sabe que en su casa la esperaron en vano, que en ese mismo sitio Mizty había dejado su celular, que no llevaba objetos ni pertenencias personales, que no habían sobrevenido discusiones ni problemas familiares de ningún tipo, y que ninguna de las amistades de la joven posee noticias sobre su paradero.

En las imágenes captadas por una cámara de vigilancia, se ve la adolescente abordar la combi. Sin embargo, su rastro se pierde a la altura de la Avenida Pantitlán.

La familia ha acusado que la agente del ministerio público que llevaba el caso fue removida, y que su sustituto, el licenciado Eduardo Zamora, les ha confiado que aún no tiene resultados “ya que ha tenido mucho trabajo”.

La noche del 5 de abril pasado, Emmanuel “N”, un joven de 14 años de edad, fue reportado por sus familiares como desaparecido. Lo habían visto por última vez en la colonia Atlampa, alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con la relación de un testigo, hombres armados lo privaron de su libertad.

Fragmentos de un cuerpo desmembrado fueron hallados días después en una calle de Gustavo A. Madero. La Fiscalía capitalina reportó que aún buscaba el resto de su cuerpo.

Pocos días más tarde fueron hallados los restos calcinados de Edwin Mauricio, un niño de siete años de edad, reportado como desaparecido el 12 de abril en el municipio de Jesús María, Aguascalientes. Trascendió que su padrastro “lo había enviado a la tienda”. Los restos calcinados fueron hallados en el cerro conocido como El Chimeco. La investigación de la fiscalía estatal determinó que en realidad su padrastro lo había asesinado a golpes.

El 13 de abril, Ángel Gabriel “N”, un niño de 12 años, desapareció en la comunidad de Cuacnopalan, en el municipio de Palmar de Bravo, en Puebla. El menor transitaba al lado de un tío cuyo cuerpo apareció más tarde en bolsas negras. Varios días después, el cuerpo de Ángel Gabriel “N” fue hallado en el municipio de Tecamachalco.

Estos casos ilustran parcialmente la terrible realidad denunciada por la Redim: de los 14 casos de desaparición reportados diariamente, en cinco casos diarios no ha habido resultados: los menores siguen en condición de desaparecidos o no localizados.

Según Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Redim, desde el inicio de la llamada guerra contra el narco, desatada por el gobierno de Felipe Calderón, las desapariciones en el país se incrementaron de manera sustancial.

Entre 1964 y 2006 se habían reportado 159 casos de menores desaparecidos.

Entre 2007 y 2012 la cifra se elevó a 2 mil 313 casos.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto los números prácticamente se triplicaron: en 2018 se había llegado a 6 mil 103 desapariciones.

Un escándalo absoluto. Sin embargo, en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, 19 mil 445 niñas, niños y adolescentes han sido reportados como desaparecidos.

De estos, 5 mil 102 no han aparecido ni vivos ni muertos. Según reportes del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, uno de cada 100 menores desaparecidos en el país es hallado sin vida y la delincuencia organizada (en su complicidad con autoridades) se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México.

“La niñez negada”, le ha llamado a esta tragedia Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. De acuerdo con Pérez García, “la respuesta de las autoridades ante la epidemia de niñez desaparecida sigue siendo la de minimizar los hechos, simular acciones en casos mediáticos y sistemáticamente responsabilizar a las víctimas y a sus familias”.

“Aún con los avances en leyes, instituciones y protocolos —prosigue el coordinador—, no existe ninguna voluntad para alcanzar una política de Estado: solo contamos con algunas funcionarias comprometidas y con la fuerza de las familias, que siguen buscando a las víctimas”.

Dos tragedias encontradas: la de los 19 mil 445 reportes de desaparición de menores en lo que va del sexenio —más de cinco mil en el último año— y el silencio absoluto de un presidente que solo parece interesado en asuntos electorales, en aplastar a sus críticos, y en dar a conocer, una “mañanera” sí y otra también, encuestas que miden favorablemente su popularidad.