Opinión

Al igual que ocurre con el robo de gasolina o “huachicoleo”, la escasez de agua que viven estados como Nuevo León, Coahuila, Estado de México, Jalisco y la Ciudad de México ha llevado al crimen organizado y a un sector de la ciudadanía a perforar tuberías, operar pozos clandestinos y aprovecharse de fugas ya existentes para extraer ilegalmente miles de litros de agua y venderlos. Este fenómeno delictivo tiene un impacto directo en millones de mexicanos que ven violentado su derecho humano básico a tener acceso a este líquido vital y que se ven obligados a adquirirlo al crimen organizado o bien carecer de él.

Si bien el calentamiento global ha disminuido la precipitación de agua provocando una escasez generalizada, el robo de agua o “aguachicoleo” únicamente agrava estas condiciones precarias, como lo sucedido en Nuevo León, donde el gobernador Samuel García informó que en un operativo de supervisión se detectaron tomas clandestinas en seis ranchos que roban agua al ducto “El Cuchillo”, incluso en cada una de ellas se sustrae el equivalente a lo que consumen 140 mil habitantes. Otro ejemplo de lo que sucede en entidades como el Estado de México, en donde la presa de Valle de Bravo registra un 22% de su capacidad debido a que varios terratenientes retienen el agua para sus propios lagos. También está lo reportado por Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que denuncia la creación de grupos organizados que extraen de manera ilegal el agua de los manantiales del área de conservación de los Dinamos y el Ajusco.

En vista de lo anterior nos podemos preguntar, ¿qué acciones han tomado los distintos poderes para resolver esta crisis? la respuesta es “ninguna”, empezando por el Congreso. Por ello, la SCJN resolvió el pasado 24 de febrero una controversia constitucional por la cual se determinó que el Congreso incurrió en una “omisión legislativa de carácter absoluto”, al no haber cumplido con su obligación de crear la Ley General de Aguas. Esta obligación nace por decreto publicado el 8 de febrero de 2012, por el cual el presidente Felipe Calderón adicionó un párrafo al artículo 4 Constitucional, a fin de garantizar el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; también daba al Congreso un término de 360 días para emitir la Ley General de Aguas. Sin embargo, 10 años después el proyecto de Ley sigue guardado en un cajón.

Esta omisión legislativa propicia gran incertidumbre debido a que existe poca claridad en las atribuciones de los estados y el Gobierno Federal respecto a quién es el responsable de la administración, vigilancia y castigo de los casos de robo de agua. Si bien varios estados han tomado iniciativa para reformar sus códigos penales a efecto de endurecer las condenas para combatir este delito, es importante que el Congreso emita la legislación en materia de aguas para deslindar las responsabilidades de las autoridades y se determine el ámbito de competencia de las entidades.

Dicho lo anterior, no todo es cambiar la ley. También se requiere que los cuerpos de policía a nivel municipal y estatal, así como la Guardia Nacional unan esfuerzos para investigar y detener al crimen organizado que una vez más expande su mercado y ahora se adueña del agua.

Los habitantes de las entidades con escasez de agua están desesperados, la actividad productiva también pues el tandeo que varios gobiernos han emprendido ha impactado a industrias como la restaurantera y la hotelera que vienen sufriendo el aumento de insumos por la inflación. Urge que se deje de ver el agua como botín político, urge arrancarle al crimen un nuevo negocio. (Colaboró René Gerez López)