Pese a despenalización, los SSO calculan 2 mil 500 abortos clandestinos al año en Oaxaca
Del 25 de septiembre a la fecha, los Servicios de Salud de Oaxaca apenas registran 379 procedimientos; falta regulación, señalan organizaciones
Oaxaca de Juárez.- Los Servicios de Salud de Oaxaca registran 379 procedimientos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el estado desde la despenalización del aborto, el 25 de septiembre de 2019, hasta la fecha; no obstante, calculan que unos 2 mil 500 abortos clandestinos se siguen practicando al año.
A tres años del momento histórico, cuando la entidad se convirtió en la segunda en el país en legislar a favor del Derecho a Decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar, los SSO detallaron a EL UNIVERSAL las cifras oficiales al respecto.
Desde el 25 de septiembre de 2019 hasta agosto de 2022, se han practicado 95 procedimientos en el Hospital Civil Aurelio Valdivieso y 258 en la Clínica de la Mujer; ambos en los Valles Centrales. Mientras que en el Hospital de Pinotepa Nacional se han realizado 26 interrupciones de embarazo.
La cifra es pequeña si se compara con los abortos clandestinos que calculan los SSO, pues la dependencia calcula alrededor de 2 mil 500 procedimientos de este tipo al año en Oaxaca; mientras que las colectivas calculan que por cada aborto registrado oficialmente, hay entre cuatro y cinco más.
Al respecto, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) recuerda que es obligación de las instituciones de salud dependientes del gobierno del estado prestar este servicio a todas las personas que lo soliciten.
“Sería idóneo que procedieran con la expedición de los lineamientos necesarios para regular la prestación del servicio, pudiendo tomar como referencia los existentes en la Cdmx, pero no es un requisito para comenzar a prestar el servicio”, apuntan.
Y es que en la entidad, sólo los tres hospitales mencionados prestan el servicio de interrupción legal del embarazo, y de acuerdo con colectivas feministas, impedimentos como las semanas de gestación o la objeción de conciencia, frenan el acceso al derecho a decidir.
