Hambre alcanza a desplazados de Atatlahuca, en la Mixteca de Oaxaca: INPI frenó ayuda alimentaria
Han pasado 18 meses desde que María, su hijo y 65 personas más viven en el albergue de Tlaxiaco tras huir de su comunidad por la violencia que los despojó de todo; sus condiciones no mejoran y varias familias ya no reciben ningún apoyo
Tlaxiaco.— Es el mediodía del 21 de octubre de 2021 y un grupo de hombres procedentes de San Esteban Atatlahuca se reúnen cerca del panteón municipal de Ndoyonoyuxi; a la distancia, se observa que hablan para después retirarse, pero siete horas después regresan con más personas a bordo de vehículos e ingresan a la población por diferentes calles, mientras otros cierran el único acceso a la localidad.
María García García recuerda que estaba dando un baño de temazcal a una mujer de la tercera edad enferma. En Ndoyonoyuxi, el temazcal, igual que en otras comunidades de Oaxaca, es utilizado con fines medicinales. De pronto, alguien le dijo que saliera del baño rápido, porque corría el rumor del asesinato de una pareja de adultos mayores y pensaban que los iban a matar a todos. Ella salió, se dirigió a su casa, tomó a su hijo y se refugió en el monte, en una vereda antigua que conduce al municipio de Yucuhiti.
“Fue que empezaron a tronar (los disparos) como a las siete, como media hora tronaba, mi niño llegó y nos dijo, 'no, mamá, nos vamos, porque se murió una abuelita y esa gente nos va a matar'. Salí sin ropa, sin nada y así con una chamarra me fui a la vereda y ahí estuve con mi niño”, relata. A la distancia escuchó cómo incendiaron casa por casa, cómo las vaciaron y detonaron armas.
Igual que otras familias, la de María García llegó a Tlaxiaco a pedir ayuda y fue llevada al albergue del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
A un año y seis meses del ataque, María García y su hijo siguen en el albergue del INPI junto con otras 18 familias, aproximadamente 65 personas.
Sus condiciones, sin embargo, no han mejorado, pues denuncia que la dependencia a cargo de Adelfo Regino Montes la ha excluido de los apoyos en alimentos que recibía cada dos o cinco meses. El resto de las familias desplazadas, afirma, no han recibido apoyo alimentario desde que inició el año.
El proceso para regresar a su comunidad en condiciones seguras está en el olvido de las autoridades federales y estatales.
Sin regreso, ni justicia
El 21 de octubre de 2021, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) confirmó una serie de actos de violencia contra las y los habitantes de Ndoyonoyuxi, que dejaron como saldo al menos dos personas muertas, viviendas quemadas y una veintena de personas desaparecidas. La violencia se prolongó por dos días más y los ataques armados se replicaron en otras dos localidades de San Esteban Atatlahuca: Guerrero Grande y Mier y Terán.
A la fecha, cuatro personas continúan desaparecidas y no hay un reporte de avance en las investigaciones para detener a los responsables.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), permanecen desaparecidos Marco Quiroz Riaño, originario y vecino de Guerrero Grande, de 54 años; Miguel Bautista Avendaño, originario y vecino de Guerrero Grande, de 56 años, y Donato Bautista Avendaño, originario y vecino de Guerrero Grande, de 48 años.
El cadáver de Isidoro Hernández, de 49 años y originario de Mier y Terán, fue encontrado el 26 de octubre de 2021. En Guerrero Grande fueron incendiadas 75 viviendas.
Durante 18 meses, algunas personas desplazadas de Guerrero Grande y Mier y Terán regresaron a sus comunidades, otras emigraron al Estado de México y otros más al norte, en un intento por ingresar a los Estados Unidos de América.
En este escenario de violencia también desapareció la activista Irma Galindo Barrios, quien según la DDHPO fue vista por última vez el 27 de octubre de 2021 en Mier y Terán, San Esteban Atatlahuca; otras versiones señalan que desapareció en la Ciudad de México.
El trasfondo de la violencia y el desplazamiento forzado de estas familias está relacionado con la explotación de los recursos maderables de la zona y con la defensa del bosque que han realizado algunos pobladores de las tres comunidades que sufrieron los ataques.
Desplazados, en la vulnerabilidad
María García afirma que se ausentó unos días del albergue porque estuvo enferma y debió ser hospitalizada en la Ciudad de México, pero en esos días llegó personal del INPI a sus instalaciones para constatar la presencia de las personas desplazadas y decidió retirarla o sacarla del programa de apoyos, porque no la encontró en el albergue.
Posteriormente, ella les informó que fueron sus condiciones de salud las que no le permitieron estar en el albergue los días en que se realizó la visita; no obstante, no quisieron regresarle el apoyo de despensa y a su hijo lo asignaron a otra familia de desplazados.
“Fui a la Ciudad de México para recibir atención médica, dejé a mi niño acá. Tiene poco que vinieron del INPI a quitar nuestros apoyos, porque no estábamos y pidieron mis papeles del hospital... El apoyo es que son varias familias que ya no van a recibir apoyo, no estoy de acuerdo porque no estoy recibiendo apoyo del gobierno”, manifiesta María.
Cada dos o cinco meses, la dependencia entregó despensas con alimentos para las familias desplazadas, entre ellas había frutas, verduras y carnes, entre otros artículos. Aunque estos productos eran insuficientes para las personas desplazadas, porque no duraban más de dos meses, sí eran de ayuda.
Ante estas circunstancias, los hombres y mujeres que habitan el albergue han tenido que buscar trabajo para sostenerse económicamente, mientras están en el exilio.
Pero María García no fue la única a la que le retiraron el apoyo alimenticio. Hay otras seis familias desplazadas a quienes les quitaron los alimentos, según Sebastiana Paz, otra mujer desplazada de Ndoyonoyuxi.
Ilse Riaño denuncia que a ella también le retiraron el apoyo de despensa bajo el argumento de que en su credencial de elector tiene un domicilio diferente al de Ndoyonoyuxi. Esto se explica, dice, porque está casada con una persona originaria de esa localidad y ahí se fue a vivir con él; además, sostiene que también tuvo que huir ese 21 de octubre de 2021.
“El INPI nos apoyó dos bimestres seguidos, pero en esta tercera argumentaron que ya no, porque no tenemos nuestra dirección allá, pero estábamos allá. Algunos de los compañeros tenían pareja y se la llevaron a vivir allá y no ves la necesidad de cambiar la credencial de elector por el domicilio. Entonces, ellos nos quitaron de la lista de los apoyos”, dice.
Sebastiana Paz señala que además, desde que inició el año, el INPI no les ha entregado ningún tipo de apoyo. “Lo que pedimos es que resuelva nuestro problema de fondo para regresar a nuestra tierra, con condiciones de seguridad; mientras, no podemos regresar, pedimos el apoyo del gobierno”.
Otra de sus demandas, finaliza, es que el gobierno realice la reparación integral del daño a todas las víctimas de desplazamiento forzado, para que puedan recuperar sus casas, sus animales: también piden justicia para las personas que fueron asesinadas y la presentación con vida de las personas que aún permanecen en calidad de desaparecidas.
