Bordes fronterizos: Nunca más chinantecos de Oaxaca en fosas comunes de Ciudad Juárez
Joel y Gabino Vicente Francisco, hermanos originarios de Santa Úrsula, en la chinantla, formaron una red de apoyo para paisanos migrantes o familias que han sufrido pérdidas por la violencia en Ciudad Juárez, tras el asesinato de Elías, su hermano menor, ocurrido en la ciudad fronteriza
Ciudad Juárez, Chih.— La mañana que Joel manejó hasta la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para reconocer el cuerpo de Elías, hacía un calor húmedo y furioso que le rasgaba los pulmones. Era un domingo de julio y la noche anterior había caído una tormenta. Con la cara y el cuello rígidos, casi entumecidos por el cansancio, Joel Vicente Francisco llegó hasta el Servicio Médico Forense (Semefo) y le preguntó a un empleado que llevaba la camisa desabrochada hasta los últimos botones, por la ubicación de la oficina de Servicios Periciales. El policía desaliñado lo miró a los ojos con la desconfianza de un animal enjaulado, mientras los primeros rayos de luz le pegaban de frente.
Esa madrugada habían matado a su hermano.
El calor no daba tregua. El guardia se acercó con cautela y le dijo que regresara más tarde, que recién iban a dar las 7 de la mañana. Joel salió de aquel edificio grisáceo, subió a su automóvil y pensó que en los 30 años que llevaba viviendo en Ciudad Juárez, nunca se había despertado con ese sabor metálico entre los dientes. Cerró poco a poco los ojos y antes de quedarse profundamente dormido, imaginó el sonido seco de las balas. Se despertó de golpe. En el estacionamiento de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, no había nadie.
Fotos: Antonio Mundaca
Como quien busca los rastros de la infancia en una casa ajena, una casa adolorida y ajena, Gabino, otro de los hermanos Vicente Francisco, cuenta que Elías era una persona noble y tranquila. “Mi hermano no fumaba ni tomaba, tampoco se metía en broncas. Al final lo que la fiscalía de Chihuahua determinó fue que el homicidio había sido por una confusión, pero no entendemos por qué. Lo que nos sigue preocupando es que en el norte son tan comunes estos delitos que ya no se investigan”, narra.
“Entre 8 y 10 ejecuciones extrajudiciales de civiles ocurren todos los días”, me dice Gabino antes de blandir el cuchillo filoso del silencio que lo taja todo. Y es cierto, apenas el 11 de agosto de 2022, en uno de los atentados más violentos de Ciudad Juárez, se registró el homicidio de 11 personas tras un enfrentamiento entre integrantes de dos células del crimen organizado, en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3. Entre los civiles muertos estaba Yovani Varo Otaño, de 22 años, oriundo de Chiltepec, Oaxaca, quien hacía apenas un año y medio había migrado para trabajar en una fábrica de acero donde se elaboran arneses para vehículos. Yovani decidió migrar a Chihuahua cuando le diagnosticaron leucemia a su hermana de 13 años. Antes, en su pueblo de origen chinanteco, Yovani vendía tamales para sobrevivir.
Gabino me cuenta que hace dos meses también asesinaron a un muchacho de Santa Úrsula en situaciones muy parecidas a las de su hermano Elías. “Me dolió mucho porque el joven era además el sostén de su madre. Cuando fallece su único hijo, ella intenta cobrar en la maquila donde él trabajaba el seguro de gastos finales, que a diferencia de un seguro de vida, esta póliza está creada para cubrir específicamente los gastos funerarios de una persona al momento de su fallecimiento, pero por cuestiones administrativas que deberían ser menores, la madre no ha podido cobrar y trasladar el cuerpo de su hijo”. Gabino hace otra pausa larga. Charlamos en el patio de su casa, mientras los pájaros se ocultan en el vaivén de la tarde. Una tristeza profunda nos golpea la cara.
Gabino, Elías y Joel son apenas tres de los 14 hijos del matrimonio Vicente Francisco que han migrado en diferentes momentos de su pueblo natal en Santa Úrsula, ubicado a 16 kilómetros de la cabecera municipal de Tuxtepec, en la región cañera de la Cuenca del Papaloapan.
Aunque según el informe Índice de Marginación por Entidad Federativa y Municipios 2020, de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (Conapo), Santa Úrsula es una localidad catalogada con un grado bajo de marginación, los tres hermanos migraron porque su padre, Gabino Vicente Concepción, quien era sembrador de hule, nunca quiso que se dedicaran al campo.
“Él amaba sus tierras y tenía vocación de campesino, pero tenía muy claro que la marginación del campo en Santa Úrsula, hacía que las bondades del suelo fueran insuficientes. Mejor estudia, me decía mi papá constantemente, por eso a los 17 años que salí del pueblo la primera vez a estudiar a Durango, él me apoyó con el dinero para mi transporte”, recuerda Joel, agradecido.
En su investigación Migración y Pobreza en Oaxaca, la doctora del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” (IISUABJO), Ana Margarita Alvarado Juárez, especialista en dinámicas y efectos de la movilidad humana, remesas y su impacto socioeconómico, asegura que entre las principales razones que explican los elevados niveles de migración oaxaqueña destaca que el desarrollo económico en la entidad tiene como actividad central el trabajo en el sector agrícola, el cual no ha logrado un desarrollo productivo.
El documento señala que las limitaciones del campo se deben a la deficiente o nula planeación de la producción; al uso de tecnologías inapropiadas; a la escasa asesoría técnica y la falta de capacitación; a la investigación desvinculada de lo productivo; al excesivo intermediarismo y la limitada y obsoleta infraestructura agroindustrial; y a la exiguo financiamiento y la inserción desventajosa de la economía en el contexto internacional.
En cuanto a la distribución por sector de actividad, el estudio de Alvarado Juárez apunta que el sector agropecuario absorbe 41.1% del total de la población ocupada en Oaxaca, mientras que otras actividades económicas, como los servicios técnicos, de transporte y construcción, atraen 11% total de la población ocupada.
A esta tasa alta de marginalidad y pobreza en Oaxaca, en el municipio de Santa Úrsula se suma el rezago educativo y la falta de empleos con salarios dignos. Según datos del Censo de Población y Vivienda 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Santa Úrsula viven 869 personas, de las cuales 39.78% no cuenta con educación básica concluida y 11.6% de 15 o más años es analfabeta, lo que impide que las personas de esta comunidad en edad productiva puedan aspirar a un empleo bien remunerado en Tuxtepec, la cabecera municipal.
Al migrar, concluye Alvarado Juárez, la población oaxaqueña cambia de un escenario agrícola y de pequeñas actividades comunitarias, a un territorio urbano caracterizado por la deficiencia en los servicios públicos, la carencia de tierras para sembrar y un alto índice de violencia. Para muchas familias; sin embargo, salir a Juárez es la única oportunidad de tener un mejor salario pues en Oaxaca, un albañil o una costurera gana 4 dólares al día, mientras que una trabajadora doméstica en la ciudad puede obtener hasta 10 dólares diarios. También facilita el acceso a la educación pública no sólo a niveles de primaria y secundaria, las personas más afortunadas incluso acceden a estudios universitarios.
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Una semana después del asesinato de Elías, su cuerpo llegó a Santa Úrsula. “Gracias a Joel, pudimos trasladar el cuerpo de mi hermano y que mi madre lo velara aquí, en su casa. Para nosotros es terrible pensar que si no lo hubiéramos identificado podría haber sido enterrado en una fosa común, como los cientos de migrantes que cada año mueren asesinados en Ciudad Juárez. Fue un proceso largo pero nosotros pudimos traer de regreso a Elías gracias a la ayuda de amigos y algunos conocidos. Nosotros somos muchos hermanos, pero hay personas que no cuentan con esta red de apoyo. A partir de esta dolorosa experiencia, Joel y yo decidimos organizarnos y hacer un enlace entre el presidente municipal de allá y las familias oaxaqueñas que han sufrido pérdidas por hechos violentos o enfermedades”, explica Gabino.
Gabino Vicente Francisco fue agente municipal de Santa Úrsula. Gabino creció en este lugar, luego fue migrante indocumentado en Estados Unidos, vivió en Ciudad Juárez y volvió a la Cuenca del Papaloapan en 2008, cuando personal de las empresas Private Investment Corp (OPIC por sus siglas en inglés), Conduit Capital Partners y Corporación Mexicana de Hidroelectricidad (Comexhidro), llegó a la región chinanteca queriendo imponer un megaproyecto hidroeléctrico. Desde entonces, ha sido un férreo defensor de las aguas de Arroyo Sal, una importante fuente de agua limpia para la población de Santa Úrsula y cuatro comunidades vecinas. Actualmente, como regidor electo de Tuxtepec, ha fungido como un enlace entre el gobierno de Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal de Juárez, y los migrantes oaxaqueños de la chinantla y la mazateca baja.
“En diciembre de 2021, Joel y yo logramos reunir a casi 200 chinantecos con Pérez Cuellar y darle cauce a las diferentes peticiones de nuestros paisanos en Ciudad Juárez. Nosotros creemos que urge establecer una oficina de gobierno que opere de manera oficial para apoyar a nuestra gente no sólo en México, también en Estados Unidos. Los primeros acercamientos que tuvimos con el alcalde fue para exigirle justicia por el caso de Elías”.
El 17 de enero de 2022, Juana Francisco Mariano, de 77 años, madre de Joel, Elías y Gabino, murió de Covid-19. “Aún me parece un mal sueño su partida”, me dice Gabino mientras la recuerda. “Ella era la persona más importante para mí”—, dice Joel cuando le pregunto cómo enfrenta, a mas de 2 mil 200 kilómetros, la ausencia.
“A pesar de estar tan lejos, Dios me dio la oportunidad de mirar a mis padres a los ojos antes de que fallecieran, y creo que esa es una oportunidad que poca gente tiene. Yo pude abrazarlos todavía, decirles cuanto los quería. Y sí, la vida es otra cuando mueren los padres”, me dice Joel, ahora tranquilo, mientras nos quedamos pensando que todo pasa, incluso la muerte.
*Esta crónica forma parte del proyecto “Bordes fronterizos. Historias de migración y violencia de indígenas de Oaxaca y Chihuahua en Ciudad Juárez”, que fue realizado en colaboración entre EL UNIVERSAL Oaxaca, El Muro Mx y Raíchali Noticias, con el apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
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