Urgen a proteger cordillera norte de los Valles Centrales de Oaxaca, la última zona forestal

Oaxaca de Juárez.— La Secretaría Técnica del Foro Oaxaqueño del Agua y del Instituto de la Naturaleza y de la Sociedad de Oaxaca (INSO) propusieron que las autoridades de los tres niveles de gobierno y del Poder Legislativo, de manera conjunta emitan una declaración pública en la que manifiesten la alta prioridad de la protección de la cordillera norte para la región Valles Centrales.

Este posicionamiento, explicó Juan José Consejo, representante de estos organismos de la sociedad civil, surge a partir del reciente intento del cabildo de Oaxaca de Juárez por derogar un acuerdo que mantiene suspendidos los trámites y autorizaciones de cambio de uso de suelo en zonas de reserva del municipio.

Lo anterior, particularmente en el Cerro del Crestón y que ha desatado un debate y confrontación entre grupos ambientalistas y personas que habitan en esa zona sobre la cual hay un decreto que la cataloga como área natural protegida, y que representa apenas una fracción de la cordillera norte: “el último gran macizo forestal” que se tiene en la región Valles Centrales y que es fundamental, no sólo por la biodiversidad, sino también por su importancia para la recarga de los mantos acuíferos y acueductos.

El especialista y activista precisó que la cordillera norte representa un gran patrimonio biocultural y tiene un papel clave en el abasto de agua y la regulación climática, así como por su potencial productivo, educativo, cultural y artístico.

La cordillera es la estribación de la Sierra Juárez, una de las regiones prioritarias de conservación en México, y comprende alrededor de 50 mil hectáreas en 10 municipios de la zona metropolitana de Oaxaca de Juárez, desde Santo Domingo Tomaltepec, incluyendo Guelache, los Etla, las agencias San Felipe del Agua y San Luis Beltrán, Huayapam y Tlalixtac de Cabrera, entre otros.

Por ello, hizo hincapié en que no sólo se trata del Cerro del Crestón y del Cerro del Fortín; el primero, según la intención del municipio de permitir el cambio de suelo sobre una extensión de dos mil hectáreas, y el segundo, de aproximadamente 89 hectáreas.

En su posicionamiento, advirtió que la región Valles Centrales ha perdido un tercio de su cobertura natural en las últimas cuatro décadas y las tendencias destructivas se acentúan con incendios, plagas forestales, desecación, erosión, contaminación social y productiva.

“Sino tomamos medidas urgentes y decididas, la zona conurbada de Oaxaca y su entorno estarán pronto al borde del colapso: padecerán más sed, experimentarán una severa contaminación, el clima se hará más extremosos y deberán traerse productos silvícolas y agropecuarios de lugares cada vez más lejanos. Las comunidades históricas de los alrededores de Oaxaca habrán sido engullidas por la ciudad y sus habitantes ingresarán al desempleo y subempleos urbanos o habrán emigrado al extranjero”.

De acuerdo con la Secretaría Técnica del Foro y el INSO, las presiones urbanas sobre la cordillera se remontan desde el año 1991 con la construcción del libramiento carretero del norte de la ciudad de Oaxaca, y por el cual nació el movimiento ambientalista moderno en el estado. A esto se suman obras como la línea de conducción eléctrica de la CFE, el tanque de almacenamiento de agua en San Felipe, la ampliación a cuatro carriles de la carretera del Cerro del Fortín.

Esto, a pesar de los decretos de 1937 del presidente Lázaro Cárdenas del Río para la creación del parque nacional Benito Juárez y la zona protectora forestal del norte de la ciudad; los decretos estatales de 1992 emitidos por el gobierno de Oaxaca y el de 2010 del cabildo de la capital del estado para actualizar las zonas de conservación ecológica del municipio, y la aprobación en 1994 con carácter de ley estatal el Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada de la Ciudad de Oaxaca.

Juan José Consejo recalcó que se requieren acciones decididas y urgentes, pero a la vez orientadas a la solución de fondo; es decir, un plan concertado para el conjunto de la cordillera que enfrenta intereses que pugnan por eliminar restricciones ambientales a sus beneficios inmobiliarios. Y advirtió que el “impasse” con la intención del ayuntamiento de Oaxaca para permitir el cambio de uso de suelo, puede derivar en el escalamiento de conflictos y crispación social.

Además de la declaración conjunta de los tres niveles de gobierno y el Poder Legislativo, ésta debe acompañarse del compromiso de respetar derechos legítimos de posesión y propiedad de particulares, núcleos agrarios y comunidades, así como el derecho humano colectivo au n medio ambiente sano.