Opinión

Eran tres venezolanos. Habían ido a una notaría a recoger diversos objetos de valor que un empleado les entregó en un portafolio. Iban a bordo de una camioneta blanca y de una motocicleta. Habían echado mano de la estafa conocida como La Patrona: le hicieron creer al empleado que su jefe estaba en un serio aprieto.

Lograron que les depositara cien mil pesos en una cuenta de banco. Luego, seguros de haberse ganado su confianza, acudieron a la notaría a recoger piezas diversas.

Cámaras de vigilancia los siguieron hasta la colonia San Simón Ticumac. Eran parte del mismo grupo que un mes antes se había llevado 300 mil pesos y varias joyas de un domicilio de Santa Fe.

Hace dos años, una madrugada de domingo, una mujer recibió un mensaje de WhatsApp enviado por un alcalde de Guanajuato:
“Cómo te encuentras. Estás ocupada”

“A tus órdenes”.

“Me puedes ayudar a realizar un pago. Te lo devuelvo en dos horas cuando se actualice mi banca móvil. Tuve un accidente. Lo que me preocupa es que una menor salió lesionada en la cabeza”.

“¿Cuánto necesitas?”.

“Lo que quiero es moverme de aquí. Son 27 mil”.

“Sí los tengo, afortunadamente… Pásame si quieres de una vez la cuenta”.

El autor de aquel mensaje había cometido un error.

La mujer que lo recibió es una alta funcionaria de seguridad: se llama Sophía Huett, y es secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato.

Huett sabía que por esas fechas a varios alcaldes de la entidad les habían hackeado sus cuentas. Le siguió el juego al estafador y obtuvo la cuenta en la que este pretendía que se hiciera el depósito. Al día siguiente presentó una denuncia en la fiscalía.

La investigación reveló que el lugar de donde provenía la señal del aparato utilizado para llevar a cabo el fraude era nada menos que el penal estatal de Puente Grande, en Jalisco.

Puente Grande es la catedral de la extorsión.

En 2017, durante un operativo, se detectó que los internos tenían a la mano teléfonos celulares, tarjetas y chips, y se dedicaban a hacer extorsiones en distintas ciudades de los Estados Unidos: las víctimas eran migrantes que se hallaban lejos de sus familiares, y a los que se engañaba con el supuesto aviso de accidentes vehiculares pago de deudas o pago de presuntos sobornos a autoridades policiacas y judiciales.

En cuadernos hallados en las celdas había números telefónicos y cuentas bancarias de Texas, Georgia, Oregon, Tennessee, Los Ángeles, Houston…
Siete años más tarde, la red de extorsión sigue trabajando a todas horas, a pesar de que, supuestamente, el centro de readaptación cuenta con un inhibidor de señal.

En ese sitio, gracias al sistema de corrupción reinante, los internos pueden rentar los celulares con los cuales roban identidades y “trabajan” a las víctimas de extorsión. Muchas veces solo tienen que dejar “un código de verificación” en el buzón de voz de la víctima. Es a través del buzón como pueden apoderarse de una cuenta de WhatsApp.

De acuerdo con las autoridades, en cuatro de cada diez casos tienen éxito.

Investigaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad de México indican que en Puente Grande hay células encargadas de revisar redes sociales y hacer perfiles de sus víctimas.

Cuando han recabado suficiente información, estas células entran en comunicación, por correo electrónico, mensajes de texto o llamadas telefónicas, con trabajadores y empleadas domésticas para hacerles creer que La Patrona, o en su caso, El Patrón, se hallan en un aprieto. Desde luego, también están en comunicación con cómplices que se mueven en la calle para hacer tareas de vigilancia y seguimiento.

Son los personajes que se aparecen en los domicilios para llevarse en bolsas, sobres y portafolios, el dinero y las joyas con que La Patrona será salvada.

En el sexenio que agoniza la tasa de fraudes y extorsiones alcanzó máximos históricos. Estos delitos son generados desde todos los centros penitenciarios del país. Pero en gran parte de ellos, hay una conexión con Puente Grande.