Opinión

Ayer el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz respondió en una entrevista qué pasaría si los Poderes Ejecutivo y Legislativo deciden no acatar la resolución de la Suprema Corte sobre la reforma judicial. Respondió que, en términos legales, lo procedente sería procesar penalmente a aquellas personas que desacaten la sentencia. Difícilmente, se va a proceder en ese sentido, pero inevitablemente estamos ya frente a una crisis constitucional sin precedentes en donde no hay ninguna solución que parezca viable sin comprometer el estado de derecho, como se está haciendo con el desacato de las distintas suspensiones provisionales, definitivas de distintos medios de control constitucional.

¿Qué pasa cuando dos poderes de la Unión ignoran las resoluciones del que constitucionalmente tiene el mandato de ser el equilibrio de poderes? ¿Se debe procesar penalmente y meter a la cárcel a una Presidenta y a un Poder Legislativo con amplio respaldo popular por desacatar una orden judicial? Aunque estas preguntas pueden tener respuestas teóricas y legales, lo cierto es que, como nunca, la fuerza del Poder Judicial está extinta, no hay fuerza de la ley. Una auténtica crisis constitucional y que nos afecta a todas y todos.

Nadie apostaría por el escenario de que se procese a la Presidenta que cuenta con el respaldo de una gran parte del país, así como con un Congreso dominado por Morena. La mayoría de las personas que salieron a votar este 2 de junio sí eligieron la continuidad de Morena, en este sentido Claudia, Monreal, Fernández Noroña y sus aliados se sienten blindados para desobedecer sin ninguna consecuencia las resoluciones de la Suprema Corte: ¿se van a atrever a enjuiciarnos, cuando la mayoría del pueblo nos respalda? Aunque la ley lo permita, es imposible que estos personajes pisen la cárcel. Entonces, ¿qué ruta puede tener la defensa de la certeza jurídica?

Partiendo de que la Suprema Corte es el más alto tribunal, esto significaría que, por mayoría de razón, también se podrían ignorar las resoluciones de los jueces y magistrados de los poderes judiciales federal y locales, como se ha hecho ya desacatando sentencias en absoluta flagrancia e impunidad. Si se puede desacatar a la Suprema Corte ¿por qué a los demás no?

Si los ejemplos de resoluciones que la SCJN ha dado para garantizar pensiones de los trabajadores, entrega de medicamentos contra el cáncer para niñas y niños o prohibición de tortura, no son suficientes para morenistas y aliados, recordemos que, en 2023, Morena demandaba que el requisito del “modo honesto de vivir” era utilizado por el INE y el TEPJF para inhabilitar a sus candidatos. La Suprema Corte les dio la razón y determinó que un régimen constitucional debe rechazar la idea de un modelo único de moralidad. ¿Qué hubiera pasado si el TEPJF no hubiera acatado la decisión de la Corte?

Hay algo que distingue a la Corte y al Poder Judicial de los otros poderes: hasta ahora, sus decisiones tienen un fundamento y una motivación. Cuando la Corte plantea invalidar la reforma judicial, lo hace con un respaldo legal, constitucional y de derechos humanos robusto. Cuando la Presidenta y Monreal dicen que no obedecerán la sentencia, no lo hacen con un fundamento válido. Lo hacen porque, simplemente, se saben impunes bajo el cuestionable velo de la aprobación popular, aunque escondan sus verdaderas intenciones bajo el argumento de que la Constitución no es revisable.

Así, no es menor decir que los regímenes autoritarios de este siglo son los más peligrosos: llegan con todo el respaldo de la población, lo que les da fortaleza para ignorar a los contrapesos establecidos democráticamente y, con ello, acaparar cada vez más rápido un mayor poder. ¿Pasará que en las próximas elecciones gane la oposición, y Morena se niegue a aceptar el resultado de las elecciones y la decisión del Tribunal Electoral que declare el triunfo de la oposición? Ya ha pasado en otros países y, de suceder aquí, será la presidencia de Claudia Sheinbaum a quien le deberemos no sólo la crisis constitucional que se ha generado, sino la falta de certeza jurídica para defender al pueblo de la autoridad.

@MaiteAzuela