La vendieron 10 veces, la abandonaron y finalmente la hallaron muerta

Faltan políticas públicas para atender a víctimas de explotación sexual
Ilustración: Dante de la Vega
28/01/2020
08:30
Redacción
Ciudad de México
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En febrero de 2012, Ericka Hernández fue presentada ante los medios de comunicación como una de las adolescentes liberadas por la hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de una red de trata en la Ciudad de México.

Aunque su liberación fue publicitada como un golpe al crimen, la joven nunca recibió algún tipo de apoyo para reintregarse a la sociedad. Ericka fue hallada muerta en julio de 2018. Tenía 23 años.

Claudia Hernández, madre de Ericka y quien intentó rescatarla varias veces, registró que su hija fue vendida a tratantes de personas al menos 10 veces en ocho años, y también le quitaron la identidad: la llamaron Perla y Dafne.

Ericka fue explotada sexualmente en Paseo de la Reforma, cuando era aún una niña. Los padrotes la obligaban, junto con otras menores, a subirse a taxis, cuyos choferes las ofrecían a otros hombres; además las forzaban a trasladar paquetes de cocaína.

Asimismo, fue obligada a prostituirse en calles de las colonias Doctores y Portales y se la llevaron una temporada a Tijuana. En los puentes de Tasqueña fue obligada a tener sexo con taxistas y microbuseros, así como a pedir limosna. En un anexo de Azcapotzalco, al que ingresó supuestamente para rehabilitarse, fue violada por los padrinos, quienes también la esclavizaron como servidumbre en casas de Cuernavaca, de acuerdo con su madre y en declaraciones dadas a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH-CDMX).

La primera vez que fue coptada por tratantes fue con un engaño: cuando tenía 14 años, una mujer fingió ser su amiga y la convenció de trabajar como repartidora de volantes en la colonia Portales. Desde entonces, un hombre la volvió adicta a los solventes. Los siguientes años vivió en la calle y tuvo dos hijos —el segundo se lo robaron cuando estaba recién nacido—.

Estigmatizada como una mujer problemática por vivir en la calle, negada al apoyo y adicta a las drogas, murió en un cuarto cercano a la casa de su madre. En el acta de defunción se asentó que su ocupación fue “situación de calle” y que la causa de muerte fue congestión de vísceras generalizada.

En junio de 2019, la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad (CDHCDMX) concluyó que no hubo violación a los derechos humanos de la joven al no acreditar que Ericka estuvo desprotegida por las autoridades; sin embargo, su madre aún busca justicia.

“Todo lo que luché [cuando Ericka vivía] y no se logró nada... Yo todos los días era humillada para [que se hiciera] justicia, pero no lo logré. Fui revictimizada por ser la peor mamá, pero no importa... Ahorita todas las agresiones que sufro ya no me importan, ya sé vivir con eso. Cuando no tienes dinero ni ‘un nivel’, siempre vas a ser pisoteada por las autoridades y las organizaciones civiles”, lamenta Claudia.

De los 10 episodios en los que Ericka fue vendida por criminales, dos aparecieron en la prensa como operativos de rescate a víctimas de trata. En estos casos la enviaban a centros de rehabilitación, donde era violentada, medicada o abusada sexualmente, lo que provocaba que la joven se escapara.

Becas para las liberadas

Para Olivia Tena, profesora titular del Centro de Investigadores Interdisciplinario de Ciencias y Humanidades de la UNAM, la solución viable para las mujeres que fueron inducidas a ejercer la prostitución está en otorgarles derechos económicos, trabajo decente y educación a través de becas.

“[Hay que] darles acceso a opciones de vida educativas y laborales; es decir, becas, y que sean para mujeres de cualquier edad. Si [alguna] no terminó la primaria, becas educativas, pagarles para que tengan ingresos por estudiar hasta donde quieran cursar, no importa la edad que tengan. Si la mujer prefiere una beca de trabajo, pues que trabaje en alguna habilidad que tenga o quiera desarrollar; que se le asegure el trabajo, pero no condicionado ni temporal, sino un trabajo permanente y con derechos laborales”, indica.

Además, la investigadora critica que el debate público sobre la prostitución gire en torno a su regulación y no a la protección de víctimas de explotación sexual, pues asegura que no se trata de un trabajo elegido libremente cuando se trata de mujeres vulneradas social y económicamente.

“Están planteando que [la prostitución] debe ser considerada como cualquier otro [empleo], como uno informal, para pagar impuestos y otorgar derechos sociales, pero se está olvidando que no es un trabajo, sino explotación sexual: las mujeres no ejercen esto de manera libre y consensual. El consentimiento es una categoría política que tendríamos que analizar”, sostiene.

Falsa liberación

La falta de políticas públicas integrales hizo que Ericka huyera después de cada liberación y recayera en manos de sus explotadores, quienes además le facilitaban drogas, según lo dicho por Claudia. Cuando ya no aguantaba más violencia, le pedía ayuda a su familia, que tampoco supo cómo ayudarla.

EL UNIVERSAL pidió a las autoridades de la Ciudad, vía transparencia, la cantidad de víctimas liberadas por este delito y el tratamiento otorgado para resarcir el daño.

La respuesta fue que desde mayo de 2013 se habían liberado a mil 706 personas del delito de trata, de las cuales mil 532 fueron mujeres. Sin embargo, fue hasta 2018 cuando se comenzó a sistematizar información sobre las víctimas. Ese año registraron que la mayoría de las víctimas liberadas estuvo en el rango de edad de 26 a 45 años, con 36 casos.

Para 2019, el rango de edad bajó a personas de 0 a 17 años, con 29 casos. No se especificó, sin embargo, si era trata con fines de explotación sexual. En esos dos años, la mayoría de las liberadas de trata eran originarias de la Ciudad, con 68 casos; el segundo lugar de origen lo ocupó Venezuela, con 30 personas. En tercer lugar estuvieron las personas originarias de Puebla, Estado de México, Honduras y El Salvador, cada uno con ocho casos.

La hoy FGJ tiene registro de 214 víctimas de trata en carpetas de investigación iniciadas en 2019, según datos de la Agencia Digital de Innovación Pública. No obstante, a través de transparencia, la FGJ reveló que durante ese año ha liberado del delito de trata tan sólo a 65 personas, de las cuales 18 fueron mujeres.

La Fiscalía Central de Investigación para el Delito de Trata aseguró a EL UNIVERSAL que una vez que las víctimas de trata recuperan su libertad “se les da atención integral canalizándolas a instituciones de salud pública y apoyo sicológico, además de emitir las medidas de protección correspondientes y, en caso necesario, se canaliza al Refugio Especializado para Mujeres, Niños, Niñas y Víctimas del Delito de Trata de Personas de esta institución”.

Se les preguntó cuántas personas había en estos refugios y respondieron que hasta diciembre de 2019 había sólo dos adultos y 20 menores.

Por acciones de funcionarios, Claudia dejó de confiar en las instituciones: cuenta que en la fiscalía de trata, un agente le dijo que “agarrara una cadena y amarrara a su hija a la cama”.

“Me dicen: ‘Ay, señora, a mí me vale m... que su hija fuera víctima de trata. Dé las gracias por que ese señor se tomó la molestia de avisarles dónde estaba el cuerpo’”, recuerda Claudia.

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