Opinión

La incursión de un comando del Cártel de Caborca que el jueves pasado arrasó el ejido El Gallito, en Bacalar, Quintana Roo, tuvo un antecedente siniestro la noche del 18 de mayo.

Esa noche, dos ataúdes con cadáveres que presentaban signos de tortura fueron colocados a las puertas de una céntrica funeraria en Bacalar.

Los dos ejecutados eran Marina Coronel y su sobrino José Roberto Coronel. La primera era secretaria general del Ayuntamiento de Bacalar; el segundo formaba parte del equipo cercano al presidente municipal de Morena, José Alfredo Contreras Méndez.

Los Coronel han sido señalados por medios locales como operadores del Cártel de Sinaloa en la región. Desde hace meses, el Cártel de Caborca, que dirige José Gil Caro Quintero, El Pelo Chino, ha intentado controlar esa zona de Quintana Roo, célebre desde hace décadas por sus pistas de aterrizaje clandestinas, a las que llegan cargamentos procedentes de Centro y Sudamérica.

Los cuerpos de Marina y de José Roberto Coronel fueron trasladados al Semefo bajo protección de la Guardia Nacional: el Cártel de Caborca había amenazado con asesinar a quienes acudieran a reclamarlos.

Los familiares no habían reportado su desaparición, alegando que desconfiaban de las autoridades.

El jueves pasado, hacia las seis de la mañana, cerca de 40 sicarios del Cártel de Caborca arribaron a El Gallito. De acuerdo con pobladores, Los Coronel habían cerrado los accesos a la comunidad, en donde viven unas 40 familias de ejidatarios. Se desató un enfrentamiento que duró cerca de dos horas.

Muchos de los habitantes se refugiaron en el monte “y por eso están vivos”. Se afirma que algunos siguen perdidos.

Más tarde circularon imágenes captadas por los habitantes del ejido, que muestran la comunidad vacía y en buena parte arrasada. Casas y palapas fueron quemadas. Maquinaria, tractocamiones y otros vehículos quedaron calcinados. Los agresores revolvieron el interior de las casas, revolviendo hasta el último de los cajones. Varias fachadas muestran el impacto brutal de las balas.

Los primeros avisos llegaron al ejido desde hace unas semanas, cuando proveedores de verduras y otros alimentos avisaron que la gente de Caborca los estaba amenazando: “No entren a vender al Gallo porque los vamos a matar”. Amenazados también, los compradores dejaron de adquirir ganado de engorda.

Se fue restringiendo, hasta agotarse, el paso de productos. Finalmente, al ejido le cortaron la luz.

El Cártel de Caborca había decidido sacar a los Coronel de una zona considerada centro de acopio de drogas, codiciada por los grupos criminales al formar parte de la ruta de tráfico aéreo de enervantes y poseer, en su terrenos planos, pistas de aterrizaje prácticamente naturales. En algunos caminos cercanos se advierten incluso las huellas que dejan las llantas de las aeronaves al descender.

La gente de El Gallito quedó entre dos fuegos.

Además de este ejido, comunidades como Río Verde, Miguel Alemán, Canaán, Otilio Montaño, Melchor Ocampo, Zamora y Francisco Villa se hallan dentro del círculo de violencia desatada por los cárteles. “Tienen arrinconados a todos los pueblos. En todo lugar están esos cabrones”, aseguran pobladores del ejido.

El 22 de mayo el ejército evacuó a mujeres y niños de unas 40 familias. Los hombres decidieron quedarse a defender sus propiedades. Se habla de que antes de la evacuación, pobladores sostuvieron una reunión con personal de la fiscalía y de la Guardia Nacional. Denunciaron a los criminales que les cobran cuotas e imponen precios a los productos básicos. Según dicen, los sicarios volvieron días después con una lista en la que aparecían los nombres de los denunciantes: “Si siguen hablando, los vamos a matar a ustedes y a sus familias”.

“¿Quién les puede decir algo si ni el mismo gobierno les dice nada?”, preguntan.

La región de Bacalar ha sido una zona de actividad del Cártel de Sinaloa al menos desde el año 2000. Desde 2020, sin embargo, comenzó a cobrar fuerza el Cártel de Caborca, desplazando a grupos como el Cártel Jalisco, Guerreros Unidos, los Zetas y los Pelones.

Hoy se dice que hay una prohibición para circular por las noches en los caminos que llevan a Miguel Alemán, Río Verde, Nuevo Canaán, Veracruz y Nuevo Beccar. Ahí, abandonados por todos, los autos de los pobladores, sus pertenencias y sus teléfonos celulares son revisados a conciencia por la única ley: la ley del crimen organizado.