Opinión

Faltan cuatro días para que termine el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un sexenio que para bien o para mal -según a quien se le pregunte y en espera de que el tiempo y la realidad den su veredicto- es un punto de inflexión en la historia reciente del país.

Quedó a deber, y mucho, al incumplir la promesa de solucionar la crisis de inseguridad y violencia que lacera al país, la de regresar al Ejército a sus cuarteles y la de encontrar paradero y verdad de los masacrados de Ayotzinapa, así como la de desterrar la corrupción y mejorar los sistemas de educación y de salud.

Cumplió en disminuir la pobreza, mejorar el ingreso laboral, atemperar la desigualdad social y detonar desarrollo en el sursureste del país con obras públicas como el ferrocarril interoceánico y el Tren Maya.

Una encuesta de W Radio, Enkoll y El País publicada el martes pasado avala este somero recuento. De los entrevistados, 50% ven en la inseguridad y el narcotráfico el principal problema del país y 18% en la corrupción. La percepción de inseguridad no es ajena, por supuesto, a la violencia y a la ola de homicidios dolosos registrados durante el sexenio (200 mil según datos oficiales), pero tampoco lo es al miedo cotidiano y muy generalizado a los asaltos callejeros y a los robos en el transporte público.

Otro de los fracasos percibidos en general por la vox populi es el desastre en el sistema de salud que quedó lejísimos de ser mejor que el de Dinamarca como demagógicamente se prometió y que acaso apenas se empiece a enderezar con el IMSS-Bienestar. El caso es que entre 2018 y 2023, según el Coneval, aumentó 22% la población sin acceso a los servicios de salud, ni uno por ciento creció el gasto público en el sector (solo lo hizo 0.2% de acuerdo con Hacienda) y cayó 9.2% la población afiliada a servicios de salud, según el INEGI.

Asimismo, hubo un retroceso educativo con la caída de la matrícula escolar, la ideologización de los planes y programas de estudio y, en general, con el derrumbe de la calidad reflejada en los muy bajos niveles de estudiantes mexicanos en las pruebas PISA.

Aún así, AMLO cierra su gobierno con 77% de aprobación y de respaldo a la llamada 4T, además de 68% considerándolo el mejor de los últimos cinco presidentes que ha tenido México con una calificación promedio de 8.2, de acuerdo con la encuesta de marras.

Bien puede explicarse lo anterior como resultado de que amplios segmentos de población sientan que por primera vez en mucho tiempo se les volteó a ver desde el gobierno, se les tomó en cuenta, se les aumentó el salario mínimo, se hicieron valer sus derechos laborales y de organización sindical y, en general, se atemperó la pobreza.

De ahí que en la encuesta que referimos, el mayor porcentaje de apoyo popular se lo lleven los programas sociales (83%), la defensa de los derechos de las mujeres (80%) y las obras de infraestructura (71%).

Los adversarios de AMLO y de la 4T buscan hasta por debajo de las piedras argumentos para afirmar que la pobreza no disminuyó más que en anteriores sexenios, que si acaso bajó en este fue por el crecimiento de las remesas o que si se redujo, fue por la gran cantidad de muertos que dejó la pandemia de Covid 19.

Tales asertos no se sostienen al confrontarse con datos duros:

El Coneval acredita que la pobreza en este sexenio disminuyó 2.8 puntos porcentuales bianuales entre 2018 y 2022, mientras que entre 2016 y 2018 solo bajó 1.3 puntos, lo que en términos más simples quiere decir que la pobreza se redujo más del doble que antes.

Las remesas solo explican el 3% de la reducción de la pobreza, mientras que el 73% lo explican los aumentos en el ingreso laboral, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI. Y sobre el aserto de que la pobreza bajó por los muertos del Covid, no hay a la vista estudio o análisis alguno que lo sostenga.

Retomemos en suma lo que afirma y documenta el ex subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel: mientras que en este sexenio cien mil personas salieron de la pobreza cada mes, cien mil personas entraron en ella mensualmente durante los dos anteriores sexenios.

Los recursos para apoyos sociales más los canalizados al salvamento de Pemex y la CFE, han mantenido bajo muy fuerte presión a las finanzas públicas. El déficit de ingresos frente al monto de gastos ha llegado al equivalente de 6% del PIB (1.6 billones de pesos). De ahí la promesa del gobierno que está por entrar de reducir ese déficit a la mitad (3%), aunque calificadoras como Moody´s -que por algo no ha retirado al país el grado de inversión- estiman que no bajará ni a 4% del PIB. Ya lo veremos cuando Hacienda presente el próximo 15 de noviembre el presupuesto de Ingreso y Egresos para 2025, lo que matizará o agravará la crisis de confianza de ciertos grupos económicos nacionales y extranjeros.

La verdad es que AMLO le deja a Claudia Sheinbaum un casi nulo margen de maniobra presupuestal.

Cambio de régimen y reformas constitucionales

En la evaluación de fracasos y éxitos del gobierno que termina, no se puede regatear a López Obrador su audacia y eficacia política. Es, por lo que hemos visto en su terca lucha de años por llegar al poder y a una década de que fundara Morena, un político formidable. Después de innumerables impedimentos ganó la Presidencia (2018), alcanzó con Sheinbaum una abrumadora ratificación para su partido y proyecto de nación (2024) y obtuvo mayorías legislativas calificadas para reformar la Constitución, una acumulación de poder pocas veces vista en nuestra historia reciente y el riesgo, si falta a su dicho de que es demócrata, de encaminarnos a prácticas autocráticas no deseables ni benéficas para el país, en gran parte por la insignificancia e ineficacia de los liderazgos y propuestas de los partidos de oposición.

AMLO, en suma, avanzó según su promesa política de un cambio de régimen.

Para entender exactamente qué es un cambio de régimen, platiqué con varios académicos e investigadores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a quienes les pedí la definición más comprensible, la más simple.

Coincidieron en que un cambio de régimen es un cambio de las reglas del juego, no un cambio de sistema político (democrático, fascista, comunista, etcétera), que es el que hace valer esas reglas (las escritas y las no escritas). Ejemplos: la separación del poder político del poder económico, de este último del de la justicia o bien la construcción de un Estado de bienestar, por citar algunas que han llevado a un reacomodo de élites (la política, la económica, la mediática, la sindical y así).

Las reformas constitucionales son el fundamento de ese cambio de reglas. AMLO cierra sexenio con 28 reformas constitucionales aprobadas por el Congreso: la del Poder Judicial, desde luego, la contrarreforma educativa (con la que canceló la reforma de Peña Nieto y su Pacto por México), la creación de la Guardia Nacional y, apenas hace unos días, su incorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional; y la elevación a derecho constitucional el acceso a pensiones universales para adultos mayores, discapacitados y estudiantes y el de que el aumento del salario mínimo nunca esté por debajo del de la inflación.

La nueva legislatura del Congreso heredó de la anterior catorce dictámenes de otras iniciativas del llamado Plan C de AMLO, entre ellos la desaparición de organismos autónomos del Estado, así como las iniciativas de reforma electoral y la ley eléctrica.

Aún así, AMLO terminará en el tercer lugar entre los presidentes que han hecho el mayor número de reformas constitucionales. Calderón hizo 38, Peña 29, Zedillo 18, Fox 17 y Salinas 15, según la secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados.

Las reformas de estos cinco últimos suman 117, todas ellas encaminadas a favorecer el modelo de libre mercado regido por su famosa mano invisible, que instauró Salinas y que ahora desmonta López Obrador.

Instantáneas:

1. SEGURIDAD CAPITALINA. De tomar en cuenta los resultados que dio a conocer Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país y quien se mantendrá en el cargo con el nuevo gobierno de Clara Brugada. Al comparecer ante el Congreso local compartió estos datos: de 2018 a la fecha se han capturado 295 células criminales, detenido a dos mil 743 presuntos delincuentes de dichas células y desarticulado estructuras delictivas que amenazaban la paz de la ciudad. En coordinación con la Fiscalía de la CDMX se llevaron a cabo en las 16 alcaldías cuatro mil operativos, lo que permitió la aprehensión de otros cuatro mil 651 presuntos criminales, entre ellos 168 objetivos prioritarios generadores de violencia en la capital del país.

2. RESISTE ACAPULCO. A casi un año del golpe devastador “Otis” (24 de octubre de 2023), Acapulco ha vuelto a ser azotado por otro poderoso huracán. “John” ha descargado un diluvio, generado destructivo oleaje en la costa de Guerrero y provocado graves inundaciones en su principal destino turístico. Los efectos son severos dado el tamaño de este fenómeno natural que después de golpear la costa retomó fuerza de huracán y sigue descargando fuertes tormentas. Las acciones preventivas de protección civil implementadas por el gobierno estatal de Evelyn Salgado han evitado un saldo trágico de víctimas mortales y salvaguardado la integridad de la población. Por eso los daños, aunque severos, no se comparan con los que hace casi un año cobró “Otis”.

3. BLOQUEAN ACERO AUTOMOTRIZ. El miércoles pasado se cumplió un mes de que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo (ASIPONA Manzanillo) que dirige Alberto Gasque Peña de la Secretaría de Marina (Semar), mantiene un bloqueo en los muelles operados por maniobristas de carga general, lo que ha afectado el movimiento de acero para la industria automotriz. Operadores logísticos, maniobristas y agentes de carga internacional, denuncian que el contralmirante Jesús Ortiz Esteva y el capitán José Domingo Sánchez han impedido directamente el ingreso de barcos cargados con rollo de acero. Lo atribuyen a que esos mandos tienen diferencias personales con grupos de maniobristas que -según dicen- llevan más de diez meses enfrentando acoso administrativo y operativo, sin fundamento en las reglas del puerto. Este bloqueo pone en riesgo a 300 empleados que demandan la intervención urgente de quien dentro de cuatro días será el almirante secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

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