Opinión

Los empresarios no le han ganado una a Andrés Manuel López Obrador. Antes de asumir el gobierno, el Presidente ya los había ponchado con la cancelación del aeropuerto de Santa Lucía. A casi 29 meses de administración, el titular del Ejecutivo los tiene encasillados, en un partido que augura paliza hacia finales del sexenio.

Si bien López Obrador ha gobernado de forma deficiente, por decir lo menos, durante la primera mitad de su sexenio, con el pretexto de que está poniendo los cimientos de su ‘transformación’, una estrategia que no le ha fallado es la de quitarle poder a los empresarios. En los últimos 45 años la iniciativa privada no había estado tan desdibujada y arrinconada como ahora frente al poder político.

Las amenazas de cancelar sus contratos y concesiones, investigarlos y perseguirlos, ha surtido efecto. La razón principal es porque muchos de los grandes empresarios del país efectivamente hicieron su fortuna al amparo del poder político, con relaciones que si bien algunas no pueden probarse o tener consecuencias legales, sí son del dominio de los integrantes del establishment mexicano, en el cual se ha movido López Obrador en los últimos 40 años, con sus propios escándalos y señalamientos.

La cancelación de proyectos emblemáticos como el Aeropuerto de Texcoco, la contrarreforma energética, el cambio en los procesos de compras del gobierno, el viraje de la política económica, la militarización de la infraestructura, la reforma laboral y el escarnio público del que ha echado mano el Presidente para presionar a los llamados poderes fácticos y “grupos de intereses creados” han sacudido a los otrora “dueños de México”: la clase política y empresarial que se mezcló hasta diluirse.

El reconocimiento de que efectivamente el poder político y económico llevan mimetizándose por décadas no quiere decir que en la denominada Cuarta Transformación haya desaparecido. Ocurre de forma similar, con la gran diferencia de que las decisiones se toman en un solo lugar: el escritorio del Presidente. López Obrador está usando todo su poder y la fuerza del Estado para decidir quiénes serán los empresarios beneficiados por su gobierno y quienes quedarán marginados.

Los señalamientos que ha hecho López Obrador contra los empresarios, al llamarlos “mafia del poder”, “traficantes de influencias”, “minoría rapaz” y demás adjetivos no significa que todos están incluidos en la misma bolsa ni que van a reaccionar de la misma manera. Entre las agrupaciones más influyentes y poderosas del país, como el Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial y el Grupo Monterrey hay serias discrepancias sobre cómo proceder frente a las acusaciones del Presidente y sus embates.

Los del Grupo Monterrey son los más beligerantes, aunque los de más bajo perfil. La razón principal es que la mayoría de sus negocios no están sujetos a concesiones del gobierno, aunque los cambios en el sector energético, la subcontratación laboral y en general el viraje de la política económica sí han afectado sus negocios y las industrias en las que participan. En Nuevo León, por ejemplo, los principales empresarios decidieron hace unos meses no comprar ninguna promesa o solicitud que provenga del Ejecutivo, aunque tampoco planean ser una oposición visible por lo menos hasta pasadas las elecciones intermedias.

En lo que respecta al Consejo Mexicano de Negocios y el CCE, así como a los inversionistas del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia y otros que están al margen de estos organismos, como Carlos Slim, cada quien juega su propia estrategia, esperando que los acercamientos con funcionarios como Arturo Herrera, Marcelo Ebrard, Tatiana Clouthier, Julio Scherer e incluso el exjefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, les ayuden a frenar los embates y la paliza que desde el Ejecutivo les están dando.

Posdata 1

El acuerdo para regular el outsourcing, considerado por los presidentes de las cúpulas empresariales que lo negociaron (CCE, Concamin, Concanaco-Servytur y Coparmex) como el “mejor posible”, dada la iniciativa radical del Presidente que buscaba desaparecer la figura de subcontratación laboral, en realidad cayó pésimo entre la iniciativa privada, sobre todo por la coyuntura de crisis en la que se encuentran prácticamente todas las empresas, principalmente las del sector servicios. 

La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, que preside Rodrigo Fernández Martínez, fue la que alzó la voz. Alertó que las pequeñas y medianas empresas con menos de 10 empleados van a ser las más afectadas, pues deberán registrar el cumplimiento de sus proveedores en la parte normativa y administrativa para asegurarse que paguen a tiempo sus cuotas patronales; de otra manera serán sancionados. Esto sin contar que muchas van a optar por no integrar a sus trabajadores externos a sus nóminas, lo que aumentará la informalidad.

Posdata 2

Ayer la Secretaría de Hacienda colocó un bono nominal con vencimiento 2047 a una tasa de 7.75%, el mismo que no quiso colocar hace unas semanas a una tasa de 7.05%, argumentando que era demasiado alta, como lo registró el analista Luis Gonzali. Lo terminaron colocando más caro. Ese es el costo de las decisiones presidenciales que aumentan el riesgo país y afectan el clima de negocios de México.

 
@MarioMal
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