Opinión

El 24 octubre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la región carbonífera de Coahuila, donde se ubican dos centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las cuales, en términos de generación efectiva (tienen capacidad de 2,600 megavatios), ocupan el cuarto sitio en importancia para la empresa del Estado.

En su discurso dentro de las instalaciones de la Central Carboeléctrica José López Portillo, el Presidente habló de la soberanía energética, de la contrarreforma que planeaba y de volver a convertir a la CFE en el monopolio de la electricidad. “A mí no me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos para servirles, y por eso tengo que defender el interés público, no el de los particulares”, lanzó.

Por aquellos días la secretaria de Energía, Rocío Nahle, defendía en una comparecencia ante el Senado los cambios propuestos a la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, que en pocas palabras buscaba darle prioridad a la CFE en el despacho de electricidad, en detrimento de los privados, que generan energía más limpia y barata. La iniciativa la echó para atrás la Corte hace unos días, tras la controversia constitucional que interpuso la Comisión Federal de Competencia Económica.

En la visita a Coahuila también participó el director general de la CFE, Manuel Bartlett, quien se comprometió a comprar 2 millones de toneladas de carbón a 60 productores de la región carbonífera de Sabinas hasta diciembre de 2021. El funcionario confiaba en que la iniciativa de la Secretaría de Energía les permitiría reactivar las cuatro unidades de las centrales José López Portillo y Carbón II (50% de la capacidad total) que no operaban por la reglas del sistema eléctrico. Pero el cálculo falló y se dejó de comprar el carbón.

A mediados de junio, la CFE decidió cancelar los contratos de suministro de carbón para dos de sus termoeléctricas en el norte del país, precisamente las que operan en Coahuila. El argumento fue que la empresa proveedora, Altos Hornos de México, entonces propiedad del empresario Alonso Ancira, les vendía a sobreprecio. El capricho de Bartlett costó 2 mil 400 empleos y una parte de la crisis que se vivió esta semana por los apagones eléctricos en el norte y noreste del país.

El asunto fue que las subastas a pequeños productores de la región, por un lado no contaron con las características del carbón que se necesita para las termoeléctricas, y por el otro fueron acaparadas por empresas relacionadas al senador con licencia y aspirante a la alcaldía de Saltillo por Morena, Armando Guadiana. El diario El País documentó que cuatro empresas de sus familiares se beneficiaron con contratos por 58 millones de pesos.

La tormenta perfecta —que ya es común que se forme sobre la CFE—, sucedió: la escasez de gas natural por las nevadas en Estados Unidos demandaron la activación de las centrales eléctricas que funcionan a base de carbón y combustóleo, pero la materia prima tampoco estuvo disponible de forma inmediata en parte por las viejas rencillas del gobierno actual con empresarios del pasado y el favoritismo a los empresarios-políticos cercanos al régimen lopezobradorista, cuyos productos no sirven para generar electricidad.
 
Posdata

La crisis de la CFE no hizo otra cosa más que radicalizar a Rocío Nahle, Manuel Bartlett y al presidente López Obrador en su discurso nacionalista de privilegiar la energía de la CFE en lugar de las renovables. El viernes se va a aprobar en la Cámara de Diputados la iniciativa preferente para reformar la ley de la industria eléctrica, con apenas un par de cambios.
 
Queda a deber la “policía minera”

Las restricciones por la pandemia del Covid-19 empujaron a los cárteles del crimen organizado a diversificar parte de sus actividades delictivas y encauzar su atención en los yacimientos mineros del país, idóneos debido a su ubicación estratégica en zonas rurales con escasa población y de difícil acceso.
Esto llevó al sector minero a lanzar una llamada de alerta al gobierno, cuya respuesta fue la creación de una “policía minera” de la mano del Servicio de Protección Federal (SPF), que lleva Manuel Espino. Un cuerpo inédito en la corporación a cargo del resguardo de instalaciones estratégicas del país, que a la fecha no ha dado frutos, pues las minas siguen sufriendo el embate de robo de materiales, asalto a transporte y cobros de derecho de piso.
Así, los delitos en las minas se suman a la cifra de casi un millar de feminicidios y más de 35 mil homicidios que dejó 2020 y que debe enfrentar Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la que depende la SPF de Espino Barrientos, ambos con grandes deudas aún.

En Palacio Nacional ya cuestionan si los escasos resultados del Comisionado no estarán vinculados a su trabajo proselitista al frente de la organización, Ruta 5, algo que incomoda al gobierno de López Obrador, quien ha dicho en más de una ocasión que si los funcionarios pretenden otro puesto, que mejor renuncien.

@MarioMal
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