Opinión

La desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 estremeció a México y evidenció la profunda crisis que vivimos, no solo de seguridad y justicia, sino también de desarrollo social y económico.  
 
En octubre del mismo año, hubo una misa en la Basílica de Guadalupe para pedir por los jóvenes desaparecidos, antes de iniciar la celebración, una de las madres de los jóvenes me comentó: “en donde vivimos, nuestros hijos tienen pocas opciones para salir adelante, algunos se dedican a sembrar drogas, pero tienen muchos riesgos, otros entran a la normal de maestros para después tener alguna plaza y salir adelante, yo siempre lo anime a que fuera maestro”.  
 
En efecto, tal y como me lo describió la madre con lágrimas en los ojos, casi la única alternativa de superación y desarrollo es asistir a la normal Raúl Isidro Burgos para prepararse como maestros. En esa escuela, el 20 de septiembre el líder de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) mandó a los estudiantes a iniciar la “toma” de autobuses y a recolectar dinero para sufragar los gastos de transporte y estancia de los contingentes de la FECSM, que asistirían a la protesta del 2 de octubre en la Ciudad de México.  
 
Esta ha sido una práctica que lleva mucho tiempo haciéndose, pero en lugar de implementar una estrategia económica para que la zona salga de la pobreza extrema en la que sobreviven, las autoridades locales y federales han optado por cerrar los ojos y solo vigilar  sus acciones.  La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 no fue la excepción. Por eso, los padres desde un inicio señalaron que las policías y miembros de las Fuerzas Armadas estaban implicados en la desaparición. 
 
Con el propósito de llegar a la presidencia, una de las principales promesas que hizo Andrés Manuel López Obrador, reiterándolo en la primera reunión que sostuvo con los padres ya como Ejecutivo Federal, fue: "Vamos a conocer lo que realmente sucedió, que se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables”. No obstante, a cuatro años las familias siguen prácticamente con las manos vacías. 
 
El Informe tan esperado de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa que dio a conocer Alejandro Encinas el 22 de agosto, apuntaba a que finalmente se podría esclarecer lo ocurrido, pero al paso de las semanas se sigue enredando.  Todo indica que los padres de familia no tuvieron conocimiento previo de los resultados, por lo que no pudieron analizarlo con las organizaciones que los acompañan.  
 
Además, se filtró el expediente completo generando confusión y dolor a los padres. Además, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, solicitó la cancelación de algunas órdenes de aprehensión que previamente había pedido; la cúpula militar enfureció por los datos que se filtraron sobre elementos del Ejército y los abogados del general José Rodríguez Pérez implicado en la investigación, señalaron que demandarán penalmente a Encinas.  
 
A partir de lo sucedido, la subsecretaría de gobernación, la Fiscalía y el Ejército pelean por ganar la narrativa, pero ninguna autoridad habla de la atención que se debe dar a las familias por los efectos psicosociales que han sufrido, tampoco hablan de mejorar las vidas de las personas que sobreviven en extrema pobreza y ya ni que decir de hallar a los jóvenes, hasta la fecha solo han encontrado restos de 3 estudiantes. 
 
En la marcha del lunes pasado, los padres se mostraron cansados ante los pocos avances y pidieron acciones al Gobierno para encontrar la verdad. En un Zócalo blindado, un Zócalo en el que había al menos 6 vallas de separación entre los familiares y el presidente protegido en un palacio. Un presidente que no escucha a quien puso al frente de la investigación y tampoco a los padres, a quienes prometió encontrar a sus hijos y castigar a los responsables, hoy se encuentra en un dilema. O permite que avance la verdad y la justicia o permite que avance el militarismo. 
 
Mientras tanto, los padres de familia solo quieren certeza: “se habla de la muerte de nuestros hijos, pero no nos dan pruebas”, nada que agregar. 
 

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