Opinión

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“Si siguen manchando al Ejército, retiro a los militares de las calles y a ver qué hacen”. Esa fue la advertencia que soltó el secretario de la <strong>Defensa Nacional</strong> en una reunión del gabinete de seguridad del presidente López Obrador, en Palacio Nacional, hace aproximadamente dos semanas. Los asistentes se quedaron congelados.  <br />
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Las palabras del general secretario tuvieron como destinatario inicial a Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación encargado del caso Ayotzinapa, y al fiscal Alejandro Gertz Manero, encargado de procesar las órdenes de aprehensión contra militares por la desaparición de los 43 normalistas. Pero principalmente, el destinatario fue el presidente <strong>Andrés Manuel López Obrador, </strong>quien no estaba presente en la reunión, pero que recibió el mensaje a través de quien encabezó el encuentro, el secretario de Gobernación, <strong>Adán Augusto López.  </strong><br />
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El fuerte reclamo del secretario de la Defensa sucedió hace un par de semanas después de la divulgación del informe de la <strong>Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa,</strong> en el que se enfatizó la responsabilidad del Ejército en la desaparición de los normalistas, al grado que se solicitó a la Fiscalía General de la República procesar órdenes de aprehensión contra más de veinte militares de distintos rangos, incluido un general.  <br />
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Al recibir noticia de la advertencia de su más importante y estratégico secretario (el de Sedena), el presidente López Obrador giró la instrucción de que Gobernación y <strong>FGR </strong>se coordinaran para matizar el golpe contra los militares. Así lo hicieron: fueron al Poder Judicial a pedir que el juez se retractara de otorgar las órdenes de aprehensión, pero ya las había otorgado; pidieron que las retirara, les dijeron que no se podía; se les ocurrió si se era posible borrarlas del sistema, les contestaron que no; sugirieron otorgarles amparos, pero demoraría meses.<br />
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En pocas palabras, en el <strong>Poder Judicial </strong>no quisieron pagar el costo político de dar impunidad al Ejército, en un caso que será revisado por la historia, y por el que están metiendo a funcionarios a la cárcel justo por no hacer correctamente su trabajo. Le devolvieron la papa caliente al Poder Ejecutivo.<br />
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La primera decisión fue “bajarle” al discurso contra los militares. El propio Encinas dio pasos para atrás en las entrevistas subsecuentes a la presentación del informe en la conferencia mañanera. Tras un par de semanas de deliberaciones, la Fiscalía de<strong> Gertz Manero</strong> absorbió el costo político: se desistió de las órdenes de aprehensión contra 21 militares.<br />
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Todo esto, según fuentes con acceso a información de primera mano.<br />
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En las élites políticas y militares de la 4T ya habían llegado a un arreglo inicial. Era a todas luces un arreglo inestable: la filtración del Informe sin tachones puso todo de cabeza. Hoy queda claro que <strong>AMLO</strong> trató de manipular el reporte de su propia administración: endulzó la responsabilidad de los militares en la tragedia y trató de esconder la culpabilidad de <strong>José Luis Abarca, </strong>a quien el propio López Obrador hizo candidato a la alcaldía de Iguala, a pesar de las advertencias de que estaba coludido con el narco. Y queda exhibido que el gobierno federal está fracturado por dentro a consecuencia de este caso.  <br />
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