Opinión

En pocas ocasiones el presidente López Obrador parece disfrutar más de su retórica de confrontación como cuando la realidad le da la razón plena y lo habilita con el socarrón recurso de burlarse cuando atrapa a sus críticos con los dedos en la puerta. 

Ayer fue uno de esos días. El mandatario exhibió el conflicto de interés que supone el nombramiento como alto directivo de la telefónica global AT&T en México de Gabriel Contreras, comisionado durante siete años del ahora Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), cuatro de ellos como presidente. 

La limitada y ambigua reglamentación mexicana en este aspecto impide que esté tipificado como delito —no lo es hoy por hoy— que altos funcionarios del Estado se aprovechen de las llamadas “puertas giratorias” para labrarse un próspero futuro en una empresa que estuvo sometida a su regulación —como es este caso— y sobre la cual pudo haber tenido durante su encargo un trato favorable, con la mira puesta en una lujosa oficina y un sueldo abultado. 

Contreras Saldívar no es un personaje al que se le haya atribuido nunca tener mayores reparos en materia de conflictos de interés. Antes de arribar al Ifetel se desempeñó durante casi toda la gestión del presidente Peña Nieto en la Consejería Jurídica que, oficial y extraoficialmente, encabezó ese sexenio Humberto Castillejos, uno de los funcionarios más controvertidos de la época. Otro amigo de Contreras es Alberto Bazbaz, malogrado procurador mexiquense, titular de la UIF y del Cisen. 

 Su designación primero como comisionado y luego presidente del Ifetel, en 2017, dibujó a Contreras como una figura dócil a los dictados de Castillejos. Una nueva lupa será ahora colocada sobre su gestión, tenida por hipercentralizada y errática. 

Terminó su encomienda en febrero de 2020, y en junio de 2021 ingresó al despacho multinacional de abogados “DLP Piper”, donde se hizo cargo del área de telecomunicaciones. Apenas el pasado día 7 asumió el rimbombante puesto de consejero general, vicepresidente Legal y de Asuntos Externos de AT&T en el país. 

La confusa normatividad mexicana establece que debe observarse un “enfriamiento” o espera de solo un año antes de saltar del gobierno al sector privado, sin bien desde 2015 se han legislado principios adicionales en materia de conflictos de interés que, a decir de expertos consultados, carecen aún de una reglamentación que los haga aplicables. 

En abril pasado la Corte anuló una reforma impulsada por López Obrador que imponía una década de espera para los casos de las “puertas giratorias”. En el Estados Unidos de Donald Trump, radical prolibre empresa, se ubicó ese lapso en cinco años; en Japón, Inglaterra y los Países Bajos es de dos años. Otras naciones, como Francia, cuentan con órganos específicos para dictaminar tal proceso. En nuestro país este campo ha sido ganado por el cinismo. 

No faltará quien pregunte si AT&T, que debe sujetarse a la llamada “Foreign Corrupt Practices Act” de Estados Unidos, celosa promotora de una política de integridad, podrá defender sin rubor el caso de su nuevo alto ejecutivo en México. 

Apuntes: Pese a posicionamientos en favor de las mujeres por parte del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, en el más reciente concurso de selección de juzgadores de distrito en materia laboral, que ofreció 35 plazas para hombres y 35 para mujeres, a última hora el diablo metió la mano: la lista de ganadores incluyó a 37 hombres… y a 12 mujeres (23 menos de lo ofrecido). A la fase final llegaron 45 candidatas. No se dieron argumentos para tal exclusión, ni se hicieron públicas las calificaciones correspondientes. 

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