Opinión

Algo extraño está sucediendo con el Poder Judicial Federal (PJF). Todo inició cuando el 28 de agosto la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, convocó a los máximos plenos del PJF: al de ministros, al del Tribunal Electoral (TEPJF) y al del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para darles a conocer sus peticiones presupuestales para 2024.

En su presupuesto tuvieron un recorte de 6 mil millones de pesos, algo manejable por el volumen de recursos que operan. Pero donde sí hubo un duro golpe fue en el recorte a sus fideicomisos. Ahí, el Congreso, de mayoría opositora, ordenó regresar a la Tesorería de la Federación algo así como 15 mil millones de pesos. Este tema convocó a movilizaciones, un paro de labores y a un compromiso en que Piña ofreció al Presidente de la República ceder esos recursos para las necesidades que el huracán Otis dejó en Acapulco.

Sin embargo, a pocos días de ello, varios litigios frenaron la entrega de dichos recursos y en reuniones en las que varios ministros acudieron a la Secretaría de Gobernación, se echaron para atrás y decidieron no devolverlos. En qué acabará este tema es una gran duda. Es probable que, en el corto plazo, el PJF acabe manteniendo sus recursos, pero luego de la elección de 2024 habrá que ver cómo se integran las cámaras del Congreso, pues si Morena tiene mayoría, en su agenda serán prioritarias las reformas al PJF y a sus prerrogativas. Así, el tema de los dineros seguirá en la agenda.

El tema más serio son los ataques del Ejecutivo federal a los juzgadores federales. Cada semana se les crítica desde la mañanera. En la mayoría de los casos, los ataques son ante fallos que le son adversos al propio Ejecutivo o a la Fiscalía General de la República. Pero no hay una defensa visible de los juzgadores señalados. En cambio, cuando un juez da la razón en algún tema que interesa al Presidente, aunque su fallo sea absurdo, nadie le critica.

Un claro ejemplo de ello es lo hecho por el Juez Tercero de Trabajo en la CDMX, que ordenó, contrario a decisiones de la SCJN y del TEPJF, que Movimiento Ciudadano en Nuevo León pusiera gobernador interino y se saltase al Congreso local. Además, tuvo el tino de pedir que la Guardia Nacional asistiera al Gobierno de Nuevo León en su desacato a las sentencias de la SCJN y el TEPJF. Este aberrante fallo fue lo que lanzó a que el ministro Laynez tuviera que intervenir, a la media noche del viernes, para frenar unos de los más grandes abusos que en años recientes ha hecho un juzgador.

Pero dejó ver el descontrol que hay en los jueces federales, quienes se avientan a tomar decisiones contrarias a la ley cuando hay “intereses” de por medio. Y la vigilancia que realiza el CJF a ellos parece laxa, pues no se han dado a conocer jueces sancionados por irregularidades. Así, la narrativa del Presidente contra juzgadores corruptos parece avanzar, cuando en realidad son muy pocos quienes hacen este tipo de prácticas y el PJF se ha profesionalizado.

Finalmente, toca hablar del TEPJF. Ayer fue el informe de labores de su presidente, magistrado Reyes Rodríguez. Tres de los cinco magistrados de este tribunal decidieron irse de “pinta”, faltar a la sesión e incluso subir una fotografía en la que se veían desayunando. El mensaje para Rodríguez es de inconformidad con su presidencia, pero más bien parece que, al faltar a una reunión que se llevó a cabo en la SCJN, la destinataria es la ministra presidenta.

El Poder Judicial Federal será el centro de varias batallas. Las fuerzas políticas quieren que les den la razón, no buscan justicia. Y hay dudas sobre si el PJF está otorgando justicia o entrando a tomar partido en batallas electorales.

A diferencia del Ejecutivo y del Legislativo, el PJF es un Poder donde cada juzgador es autónomo. En teoría, no hay jefes, y cada uno se responsabiliza de sus decisiones. Pero desde el CJF y, en particular, desde la Presidencia de la SCJN, deben esforzarse por mantener ciertos estándares para evitar actos de corrupción, para remover a malos juzgadores y defender a los buenos. Me parece que hay un gran descontrol en el PJF y, como bien lo mostró el ministro Laynez el fin de semana, sus decisiones bien fundamentadas y a tiempo salvan instituciones, al régimen democrático y hasta vidas.

Ojalá haya mayor empeño por cuidar lo que se transmite de la imagen del PJF, pues a veces parece que hay un descontrol importante.