Opinión

Ya está todo listo para desaparecer a siete Organismos Autónomos que han sido sustanciales en el avance democrático de México. El viernes pasado se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de decreto para la eliminación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Este último es particularmente preocupante, porque desde su creación ha permitido avanzar en el combate a la corrupción. Gracias al Inai y al esfuerzo de medios y colegas periodistas, supimos de casos como la llamada Estafa Maestra o de los robos y abusos del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Este Instituto también fue crucial para conocer las irregularidades cometidas desde Segalmex en la actual administración.
Con esta desaparición, sus funciones serán absorbidas esencialmente por la Secretaría de la Función Pública, aunque algunas de sus atribuciones podrían también quedar en manos de los órganos de control del poder Legislativo y Judicial. Esto implica que, si el gobierno federal comete alguna irregularidad, el encargado de investigar el caso y de ventilarlo será el mismo gobierno federal. Parece absurdo, pero así será. Digamos que pasaremos de un sistema de supervisión a uno en el que, para conocer los excesos, tendrá que haber una confesión.
Acabar con el Inai no solamente atentará contra la transparencia, también afectará a todos los ciudadanos por la vulneración que generará en el manejo de los datos personales.
Lamentablemente, no se trata de la única medida que aniquila los contrapesos y apuesta por una mayor concentración del poder. Mucho se ha hablado en los días recientes en torno a la Reforma Judicial propuesta por el presidente. Tanto expertos en la materia, como integrantes de la oposición, las cúpulas empresariales y nuestros socios comerciales de Estados Unidos y Canadá, han externado su preocupación por el contenido de esta iniciativa que afectará al estado de derecho y nos llevará a una crisis constitucional. Pero la instrucción está dada para que se apruebe en cuanto inicie la próxima legislatura el uno de septiembre.
Ojalá que quienes liderean a los legisladores sean responsables y tomen en cuenta lo mucho que puede afectarnos si se aprueba en los términos en que está. Aún hay tiempo para hacer las modificaciones necesarias. Quedamos a expensas de que tengan esa voluntad. Así será en adelante, pues tienen todo el poder para llevar a México a donde sea que elijan. Esperemos que haya altura de miras, para que sea a un mejor lugar.
@PaolaRojas