Opinión

La inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) abre de nueva cuenta el debate en torno al papel de las Fuerzas Armadas en la vida pública. Como lo documentó el Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México en su informe 2021, la relevancia política que han tomado el Ejército y la Marina no tiene precedentes, no solo en materia de seguridad, donde se legalizó su participación con el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional de 2019; sino también asumiendo un indeterminado número de atribuciones civiles, como la propia administración técnica y operativa del AIFA.

En el citado informe, se da cuenta de al menos cinco grandes riesgos de la militarización, a partir de experiencias regionales e internacionales: a) en el ámbito de seguridad, la militarización corre en detrimento de las policías locales, con estancamientos presupuestales, además de la incorporación de personal militar en puestos directivos sin que esto haya demostrado una mejor seguridad; b) los incrementos en el presupuesto de las Fuerzas Armadas que han ido de la mano con un muy opaco manejo de los recursos, lo que incrementa los riesgos de corrupción; c) el riesgo de un mayor número de violaciones a los Derechos Humanos; d) el protagonismo de las instituciones castrenses que puede ocasionar fricciones al interior de las Fuerzas Armadas; y e) la militarización es incompatible con cualquier sistema democrático.

Con la operación del AIFA, varios de estos riesgos se combinan. En primer lugar, como se mencionó anteriormente, toda la operación corre a cargo de los militares, en cuanto a tránsito aéreo, seguridad dentro del aeropuerto e ingreso a las instalaciones. ¿Qué tipo de capacitación poseen los militares, que utilizan posiciones que por décadas ha desempeñado la Agencia Federal de Aviación Civil?, ¿qué entrenamiento recibieron los militares encargados de la seguridad en las instalaciones?, ¿tienen conocimientos sobre derechos humanos?; en caso de incidentes mayores o incluso de accidentes, ¿quién asumiría las investigaciones?, ¿las autoridades civiles?, ¿los tribunales militares?

Sobre el tema de la opacidad, característica de las corporaciones militares en el mundo y en la que México no es la excepción, las investigaciones realizadas por medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, han demostrado que más del 80% de los contratos del AIFA relativos a obra civil, suministros y equipamiento fueron otorgados por adjudicación directa o por invitación restringida, como ha sido una constante en esta administración federal. De acuerdo con un informe de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, los altos mandos del Ejército encargados de la obra repartieron contratos con empresas recién creadas, sin instalaciones, ligadas a “factureros” y con antecedentes de corrupción.

¿Quién va a auditar a los militares y sus adjudicaciones?, ¿quién llamará a cuentas a esos militares?, ¿cuántos años pasarán para que la información salga a la luz, cuando el gobierno decidió clasificar todos esos datos como un tema de “seguridad nacional”? Ya la Auditoría Superior de la Federación había emitido en febrero de este año, al menos 9 observaciones al AIFA referentes a la cuenta pública de 2020. Entre estas observaciones destacan diversos pagos sin comprobación, incumplimiento de contratos y certificaciones de calidad mínimas solicitadas por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

El AIFA es una obra opaca, inconclusa, con falta de accesos y medios de transporte adecuados, con un sobrecosto pagado de los impuestos de los mexicanos y al que se le tiene que sumar el costo de los pagos realizados por haber cancelado el Aeropuerto de Texcoco. Es un proyecto que se ha destacado por persuadir a la mala a negocios y aerolíneas para que den sus servicios desde allá, pero sobre todo es un aeropuerto de los militares, con todo lo que ello implica para el país.

(Colaboró Genaro Ahumada)
Presidenta de Causa en Común