Opinión

La salida de Carlos Romero Deschamps del sindicato petrolero y la renuncia como trabajador activo de Pemex permitirán que el exlíder se retire como siempre soñó: sin ser perseguido y en un paradisíaco lugar fuera de México. Quizá Miami o Madrid, donde vive su familia y donde posee lujosas propiedades.

A la luz de los hechos que enmarcaron la celebración del 83 aniversario de la expropiación petrolera, el blindaje que rodea a uno de los personajes más representativos del periodo neoliberal parece ahora tener la venia del Presidente de la República, en el marco de una contienda electoral que requiere de un añejo voto corporativo, y ante la necesidad de que empiecen a cristalizarse, con el apoyo de los trabajadores, proyectos de trascendencia como el rescate de las refinerías.

A diferencia de personajes como Luis Videgaray o Humberto Castillejos, que estuvieron en la antesala de ser sujetos de una orden de aprehensión, el exlíder petrolero fue prácticamente perdonado, pues la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, no se ha tomado el tiempo para armar una sólida carpeta de investigación, a pesar de que en los archivos de la desaparecida PGR se acumulan unas 20 querellas contra Romero, y de que en los primeros meses del actual gobierno llegaron al Ministerio Público por lo menos otras cuatro, algunas desde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Las recientes denuncias involucran a Romero Deschamps y a seis de sus familiares, entre ellos sus tres hijos: Alejandro, José Carlos y Paulina Romero Durán, los dos últimos muy conocidos en la escena pública por las múltiples fotos que compartieron en redes sociales en las que presumían lujos excesivos como joyas, yates, viajes en aviones privados y hospedajes en los hoteles más caros del mundo, presumiblemente con dinero de Pemex y de su sindicato, mientras la empresa se hundía en una crisis que la llevo a acumular una deuda financiera de 113 mil millones de dólares.

A Alejandro se le ubica como accionista de una compañía de jets privados denominada Aeromonky Service Center, cuya base de operaciones está en el Aeropuerto de Toluca.

Estas querellas también detallan la ruta que siguieron más de 300 millones de pesos provenientes de diversas secciones del STPRM, que en calidad de préstamos se transfirieron a personas ajenas al gremio y después fueron a dar a manos de los familiares de Romero Deschamps, a la constitución de empresas gasolineras o a la compra de inmuebles en Estados Unidos y Europa.

Los delitos que se constituyen, según los denunciantes, son operaciones con recursos de procedencia ilícita, desvío de recursos, peculado y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, en la FGR o no ven elementos para sustentar esa acusación, o consideran, al igual que Andrés Manuel López Obrador, que una jubilación con prestaciones es castigo suficiente para Romero Deschamps.

La jubilación no es el único detalle que la Dirección Corporativa de Administración de Pemex ha tenido con Romero Deschamps, pues se mantuvo como uno de los empleados consentidos de la petrolera aún después de renunciar al cargo de secretario general.

Tenía acceso directo a la Subdirección de Capital Humano, que lleva Franco Veites Palavicini, y a la coordinación de Relaciones Laborales, encabezada por Alejandro Cabrera Fernández, quien incluso fue destituido el pasado 20 de octubre, luego de que se revelaran fotografías de una reunión que sostuvo con el exdirigente, en la que participó también el diputado y líder interino del sindicato, Manuel Limón.

Veites Palavicini conserva su posición y bloquea desde su escritorio cualquier intento de liderazgo sindical alternativo. No son pocas las ocasiones en las que ha rechazado solicitudes de reconocimiento de organizaciones sindicales como Petromex, de Beatriz Uvalle, o el llamado SNEPE, de Eliel Flores Ángeles, que surgieron a raíz de la reforma energética y que, a diferencia del STPRM, cuentan con sus respectivas tomas de nota ante la Secretaría del Trabajo, pero nunca con el blindaje que han otorgado en este sexenio a Romero Deschamps.

Posdata 1

La salida del subsecretario de Infraestructura de la SCT es inminente. Cédric Escalante saldrá por la puerta de atrás, acusado de presuntos actos de corrupción, el próximo jueves 1 de abril, cuando se anuncie que el actual jefe de Inversiones de la Secretaria de Hacienda, Jorge Nuño, tomará su cargo.

Posdata 2

El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, que dio entrada a la primera suspensión contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y a quien el presidente López Obrador pidió investigar, se le documentó ya la venta de seis inmuebles el año pasado, operaciones que no fueron registradas y, al parecer, no coinciden con sus ingresos como juzgador.

 
@MarioMal
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